* El edil ha resultado ser la máxima expresión del político machista y misógino, pues de forma sistemática ha impedido a la regidora Verónica Islas, ejercer su cargo de representación, por lo que ya fue denunciado ante el Tribunal Electoral por ejercer violencia política en razón de género; pero además, su esposa lo tiene demandado por haberla agredido físicamente, lo que le suma los delitos de violencia de género e intento de feminicidio. Hay elementos suficientes para destituirlo del cargo
Investigación Especial de Expediente Ultra
Bastaron ocho meses para que al alcalde Epazoyucan, Fidel Arce Santander, olvidara sus promesas de campaña para luchar contra la violencia a las mujeres. Denuncias en su contra presentadas ante el Tribunal Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, por la regidora Verónica Jiménez Islas y su cónyuge, María Fernanda Cortés, expresidenta del DIF municipal, lo pintan de cuerpo entero como un hombre machista y misógino, pero además como un político que conduce su gestión en la mayor de las opacidades.
A la integrante de su cabildo, de manera sistemática le ha negado información oficial para poder desempeñar su cargo de elección tal y como lo establecen la Constitución General, la del Estado y la Ley Orgánica Municipal. En su demanda ante el Tribunal Electoral, Jiménez Islas presentó un total de 20 escritos, debidamente sellados de recibido, donde desde abril pasado, pidió al alcalde la entrega de informes sobre diversos temas relacionados con el presupuesto, proyectos de obra pública, entrega de vehículos oficiales en comodato y el inexplicable desplazamiento de representantes de las comunidades municipales, entre otros temas.
Aunque parezca increíble, el edil no ha accedido a informar en lo absoluto a la regidora, violando además los principios básicos de transparencia oficial. En su calidad de mujer y argumentando el impedimento que enfrenta para desempeñar el cargo para el que fue electa, Verónica Jiménez, pidió el amparo del Tribunal Electoral por ser víctima de Violencia Política de Género. Demanda en la que incluyó también a la Síndico Procurador del ayuntamiento de Epazoyucan, María Eugenia Rivera Islas.
En el caso de su esposa y extitular del DIF Municipal, María Fernanda Cortés Hernández, el asunto adquiere matices de un delito más grave por tratarse de agresiones físicas que implican una clara violencia de género con tentativa de feminicidio. De acuerdo a infinidad de versiones periodísticas, Fidel Arce Santander golpeó brutalmente a su cónyuge luego de que ésta descubriera una presunta infidelidad de su marido con una funcionaria del ayuntamiento.
Actualmente ha trascendido que Cortés Hernández presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes integrándose la carpeta de investigación12-2021-04180. Pero el asunto ha ido creciendo como avalancha contra el presidente municipal, pues además el pasado 14 de julio agentes del Grupo CAVI de la Policía Investigadora irrumpieron en el Rancho La Vega, propiedad de Arce Santander para cumplir una orden de un juez por la retención ilegal de una menor, para ser restituida a su madre.
Al delito de violencia de género y presunto intento de feminicidio se le sumó el de sustracción de menor y la negativa de otorgar manutención a su esposa, sin olvidar una infracción más por ejercer violencia política en razón de género contra la regidora Jiménez Islas.
FUNCIONARIOS RICOS EN UN MUNICIPIO POBRE
Conforme han pasado los meses desde que en diciembre del 2020 tomara posesión Arce Santander, la desilusión de los habitantes de Epazoyucan al alcalde priísta es evidente pues mientras en entrevista con ciertos medios el edil se queja de falta de recursos, la gente lo ve pasear por las calles en una camioneta RAM de un costo superior al millón de pesos, por cierto otorgada en comodato lo mismo que otros vehículos más. Beneficio exclusivo del que gozan solo algunos funcionarios.
No pasa tampoco desapercibida la lujosa camioneta blanca Terrain TXN 26, modelo 2020 de la marca General Motors, y cuyo valor en el mercado es superior a los 700 mil pesos, en la que se desplaza de manera cotidiana la tesorera Idalia Yarid Santiago Barrera. Funcionaria que se ha convertido en el tema central de las redes sociales del municipio, pues se le vincula en una presunta relación extramarital con el munícipe.
Pero la polémica que rodea a Idalia Yarid Santiago, no es reciente pues desde hace un par de años su nombre ha estado presente en los espacios informativos y columnas de diversos medios de comunicación del Estado y no precisamente por sus méritos como funcionaria municipal, sino por su inexplicable y excéntrico tren de vida, propio del Jet Set, que sencillamente no puede concebirse con los sueldos que ha devengado.
Por ejemplo, siendo regidora panista en el municipio perredista de Tezontepec de Aldama viajó a trece países en ocho meses, con un sueldo de 13 mil 772 pesos. En sus redes sociales quedó el testimonio de sus visitas a lugares tales como Estambul, Austria, Holanda, Alemania, Francia, lo mismo que Colombia, Turquía y los Emiratos Árabes.
UN CUMPLEAÑOS EN LAS VEGAS
Medio como AM Hidalgo, hicieron una detallada compilación de sus periplos por el mundo y en su edición del 31 de marzo del 2020, detallaron que la regidora se daba el lujo de vacacionar en uno de los sitios más caros del planeta: Dubai, visitar Casinos en Monte Carlo y en Las Vegas; en éste último lugar, decidió festejar su onomástico. En su muro de Facebook publicó el 16 de noviembre del 2019: “Un cumpleaños diferente en Las Vegas”.
Ante la duda de cómo era posible que siendo regidora ejerciera su cargo si siempre estaba de viaje, el entonces edil perredista de Tezontepec, Pedro Porras salió a declarar a los medios que Santiago Barrera sí asistía a las reuniones de cabildo pero “era poco conocida por la ciudadanía”. La excusa de incluirla en el cuerpo edilicio era que formaba parte del equipo del dirigente de Acción Nacional, Azael Hernández Cerón.
En la denuncia penal presentada por el ex Secretario de Obras Públicas de Pachuca, Eduardo Sánchez Rubio, donde señala como responsables de los delitos de abuso de autoridad, cohecho, peculado y negociaciones indebidas, a la ex alcaldesa panista, Yolanda Tellería y funcionarios de su administración como el ex tesorero, Julio Daniel Reyes Rivero y el ex Secretario de Administración, Luis Constancio Reyes González, las indagatorias parecen apuntar a que la corrupción trascendió más allá de las paredes del ayuntamiento pachuqueño.
En la investigación NUC-FEDC/UNIDAD-1/106/2020, ha trascendido la presunción de que otros personajes como el ex diputado federal, Daniel Ludlow y la entonces regidora de Tezontepec, Idalia Yarid Santiago, podrían estar relacionados con la redituable corrupción que imperó en el gobierno de Yoli Tellería.
De hecho, no son pocos los analistas políticos que han ubicado a la hoy tesorera de Epazoyucan como la persona encargada de recaudar los “apoyos” que Ludlow recibió en el 2018 en su campaña a diputado. Sin duda, está es la punta del hilo conductor que puede explicar de dónde salieron los abundantes recursos de la excéntrica viajera frecuente. Tan abundantes que hasta le permitieron comprar de contado la lujosa camioneta por la que se pasea en el empobrecido Epazoyucan. El propio alcalde Fidel Arce aceptó en entrevista que la Síndico Procurador de su administración tiene copia de la factura, así como el comprobante de la transferencia bancaria que se efectuó para la compra de dicho vehículo.
Hace unas semanas, la tesorera mostró ser una funcionaria con un poder ilimitado al despedir sin miramientos y razón alguna a María Mayorga, encargada de las finanzas municipales y a Bertha Romina Suárez Torres, quien se desempeñaba como Directora de Planeación. El alcalde no chistó la autoritaria decisión, pero terminó intercediendo para que Mayorga fuera reinstalada por tratarse de un compromiso político con un priísta de cierto nivel.
Más allá de que si existe o no una relación entre el alcalde y su tesorera, lo que si se ha demostrado en los hechos, es el desmedido apoyo que Arce le ha venido otorgando al grado de apoyarla en la denuncia que Idalia Yarid presentó por “discriminación”, en contra de Verónica Jiménez, a la que se le prohibió terminantemente acercarse a la funcionario, bajo pena de ser detenida.
Esta última situación fue presentada en su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, por la regidora afectada en sus derechos políticos por el alcalde, pues si bien en uno de sus últimos escritos presentados mencionó la comentada relación sentimental del edil y la tesorera, en base a versiones periodísticas, y que de ser cierto implicaría un caso de “nepotismo”, en ningún momento Jiménez Islas aseguró la validez de tal presunción.
COLECTIVOS EXIGEN JUSTICIA
El problema para el alcalde priísta es que además de que su popularidad se ha venido abajo antes de cumplir su primer año de gobierno, su credibilidad está en número rojos, sobre todo, luego de que la población se enteró de la cobarde agresión física a su esposa.
El Colectivo Mujeres Unidas de Epazoyucan, difundió en ése municipio un comunicado donde no dejaba nada medias. Y exponía: “Ante la actual noticia donde salió a la luz pública la presunta violencia de género que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN, FIDEL ARCE SANTANDER, ejerció en contra de su esposa, porque ésta lo descubrió en una presunta infidelidad con la tesorera del mismo municipio, solicitamos atentamente a las autoridades correspondientes realizar una investigación, y que se dé un castigo ejemplar, en caso de que resulte responsable”.
Y verbalmente, terminaron su lapidario mensaje público al refrescarle la memoria al edil: “La peor burla es que en campaña, antes de ser presidente se pronunció en favor de erradicar la violencia contra las mujeres”.
Las feministas de Epazoyucan tienen, además, elementos más que suficientes para recordar al político aquella frase de que “el pez por su propia boca muere”. Apotegma que se ajusta a la perfección al doble lenguaje del edil, quién respecto al tema, cínicamente ha declarado a los medios:
“Las mujeres están descuidadas en todos los sentidos. Tenemos que darles participación ciudadana y política. Apoyarlas y ayudarlas profesionalmente. Mucha de la violencia es que (las mujeres) no denuncian. Las invitamos a que denuncien violencia en contra de ellas”.
Indudable que las autoridades locales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral, tienen en la violencia de género ejercida en contra de dos mujeres, por parte de Fidel Arce Santander, la inaplazable responsabilidad de hacer cumplir una ley elevada a rango constitucional, que protege y resguarda los derechos de las mujeres en todo el país.
La destitución del alcalde machista y misógino, además de viable, es un acto de justicia para que los abusos y corrupciones que busca esconder Arce Santander, no queden impunes. Por cierto que en el municipio se preguntan dónde estaba la patrulla “rosa” encargada de atender de manera exclusiva llamadas de emergencia de las mujeres, cuando el edil agredió a su esposa.
La inoperancia de la tal unidad es parte de los nulos resultados de un gobierno municipal que en menos de un año está descarrillado y su rumbo, ante la mirada incrédula de una ciudadanía que votó por el candidato equivocado.
