Para conocimiento de algunos gobernantes y políticos de la llamada Cuarta Transformación de la Nación, que resultan ser iletrados, “la norma jurídica es la fórmula imperativa de lo que es derecho; en tanto que el derecho es lo expresado o representado por la norma”, eso así lo escribió en su Elements de Philosphie, p.p. 6.9. Jacques Maritain que como todos saben, fue el edificador de la denominada “filosofía de la inteligencia y del existir”; y a medida que al derecho se le permita expresar su voz, la violencia e inseguridad que permea en México debe ceder terreno hasta desaparecer. Bueno al menos eso es lo que enseña la Filosofía del Derecho que no quiere entender Andrés Manuel López Obrador.
Entremos al fondo del tema:
El derecho positivo mexicano, tan inaplicado por la presente administración, es el conjunto de reglas constitucionales que deben regir la conducta de todos los mexicanos, sean estos gobernantes o gobernados, siempre impuestos por el poder social. Léase bien poder social, no poder político.
Esas reglas o normas que rigen o deben de regir las conductas de los mexicanos deben de ser observadas por los que ejercen el poder y por la propia población, ya sea porque se sometan a ellas voluntariamente o bien porque se la imponga coercitivamente el poder social. Según nuestros catedráticos universitarios, por el poder social preponderante.
En esos términos debe de plantearse la inseguridad derivada de la delincuencia por la que en la actualidad atraviesa nuestra Nación. Por tanto, para que México retome la seguridad y eficacia que desea, ello debe de emanar del poder social y no de la manera de gobernar del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ni por mucho menos de su autoridad política.
Finalmente, el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, por conducto de su Academia de Derecho Penal quiere decir, pues, que el derecho mexicano es positivo por diversas razones; porque es vigente; porque es el derecho de la sociedad; porque es eficaz; porque cuenta con medios coercitivos para imponerse (aún en contra de la voluntad del Ejecutivo); porque puede sancionar a quienes piensan que “no me vengan con los cuentos de que la ley es la ley”; y en suma, porque de algún modo ha intervenido en su elaboración la sangre y la voluntad de los mexicanos, la cuál dio origen a la Carta de Carranza.
Ojalá alguien le enseñara ello a Andrés Manuel López Obrador.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
