CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre (AlmomentoMX).- Ante representantes de los tres poderes de la Unión, la CNDH, el INE , autoridades locales, empresarios y miembros de la sociedad civil, se presentó el informe ejecutivo que recoge las principales conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Jurídicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
El informe señala que la procuración de justicia enfrenta tres grandes problemas: la falta de visión sistemática que articule adecuadamente la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos; los problemas estructurales de las procuradurías que se reflejan en su incapacidad de investigar y ligar exitosamente con relación a los derechos humano. Por último, la incapacidad de las mismas para generar y usar información relevante tanto en operación interna como para difusión al público.
En el informe se presentan algunas recomendaciones para modificar los artículos 21,73,102 y 116 de la Constitución general, con el objeto de revisar el diseño de las fiscalías, incluyendo el proceso de designación de titulares y la creación de un Código Penal Único.
Para la confección del informe, el Dr. Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ-UNAM, señalo que se tomaron en consideración los diagnósticos y recomendaciones realizadas por instituciones académicas y otros expertos como abogados e instituciones estatales.
Afirmó que la propuesta es ambiciosa, ya que no se siguieren ajustes menores, ni parciales. “No pensamos que la justicia sea una misión de una generación venidera. Queremos y merecemos justicia hoy para todas y todos en México”.
Por su parte, el director del INACIPE, Gerado Laveaga, enfatizó que es urgente llevar a cabo las reformas que permitan a nuestras instituciones aplicar con eficacias las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal, haciendo hincapié en la distribución de las competencias, el Código Nacional Penal y la activación de las Unidades de Medidas Cautelares.
El Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, puntualizó que “se requeire una reforma integral a la Constitución que miré no solo a la Fiscalía General, sino a la articulación de todas las instancias que participan en la procuración e impartición de justicia”.
Finalmente, la Dra. María Amparo Casar dijo que “No hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una oposición que busca llegar al poder sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos”.
El informe fue presentado entregado al Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación, al Poder Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, a la Conferencia Nacional de Justicia, al Consejo Coordinador Empresarial, a los Colegios y Barras de Abogados, así como a representantes de los colectivos de sociedad civil.
El objetivo principal de este ejercicio convocado por el CIDE, el IIJ-UNAM y el INACIPE es analizar y discutir propuestas viables para el diseño y construcción de un modelo de procuración de justicia acorde a los estándares del sistema penal acusatorio.
AM.MX/kcc
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