Al implementarse y entrar en vigor muchas reformas al derecho penal que arrojaron como consecuencia inseguridad, impunidad y descrédito para la justicia, Enrique Peña Nieto, en su carácter de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos repitió hasta la saciedad: “En una sociedad democrática hay que respetar la presunción de inocencia”.
Todo ello lo dijo en la historia reciente, con el objeto de obtener una impunidad e inmunidad a sus actos de deshonestidad y sobre todo para sumarle más poder a las acciones de corrupción de los gobiernos neoliberales, permanente enemigo ayer y hoy del pueblo de México. Como si la presunción de inocencia fuese un principio jurídico aplicable a la responsabilidad política.
Los jurisperitos que de siempre se han y nos hemos opuesto en contra del cáncer de la corrupción, no podemos pasar por alto que la presunción de inocencia es una garantía básica, fundamental, constitucional de quien está sometido a una imputación ante un Tribunal de Justicia y dentro de un proceso penal concreto.
Nuestra Constitución Política la proclama en ese sentido, sólo en ese. La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., siempre ha venido sostenido que la presunción de inocencia cobra sentido cuando existen los indicios racionales de actos delictivos a juicio de la autoridad jurisdiccional y sólo en relación directa con ellos.
Muchos juristas jóvenes y viejos de ésta Cuarta Transformación sostenemos y defendemos que la presunción de inocencia también aplica a los procesos y resoluciones que contengan un resultado sancionador o limitativo de derechos, pero nunca al territorio de la responsabilidad política. Es más afirmamos que quienes para eludir su responsabilidad de gobernantes o para evitar criticas de los gobernados, invocan ésta adoptando una actitud antidemocrática.
El ejercicio del poder político en México se encuentra sometido, según pensamos, a un mecanismo de desconfianza que informa y conforma las raíces mismas de la democracia. Los mexicanos no estamos obligados a confiar en nuestros gobernantes sino exactamente a lo contrario. La sabiduría del pueblo siempre ha expresado que “la burra no era arisca sino la hicieron”. Cuando en una realidad del poder de nuestras autoridades, sean éstas, el presidente o quien sea y nacen por el comportamiento de ellas indicios de irregularidad, abuso, desviación de poder o reprochabilidad moral, no hay presunción de inocencia que valga. Como mexicanos tenemos que hacer valer la presunción de responsabilidad y competería a la autoridad de ese ámbito de poder el acreditarlo y decretar que son ajenos a tales irregularidades.
Confundir una responsabilidad política con una responsabilidad penal es propia de gobernantes irresponsables, ignorantes y sin escrúpulos que pretenden, como pretendió Enrique Peña Nieto y su gavilla de delincuentes eludir sus responsabilidades institucionales invocando la justicia penal o presunción de inocencia para obtener esa impunidad política, el neoliberalismo por tanto no cuenta con la presunción de inocencia por sus fechorías cometidas. Lo que anhela ese neoliberalismo es una presunción de impunidad.
Por ello en el México de hoy, ahora los gobernados exigimos saber quienes son los verdaderos responsables de la narcopolítica que campeó en ese neoliberalismo. Los responsables políticos y los responsables penales.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
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