La Espinita
Andy S. K. Brown*
- Primer autoexiliado de este “gobierno”
- Hipótesis: Bloque Negro = Unión Tepito
- Contención de precios, ¿otra mentira?
Otra vez, la 4T violó la ley al hacer públicos los datos sensibles de uno de sus “enemigos”.
La noche del martes, Luisa María Alcalde exhibió en sus redes sociales el contrato laboral de Edson Andrade, a quien señaló de prácticamente ser el único que convocó a la marcha de la Generación Z que, por sus reacciones, se ve que aún tiene muertos de miedo a los cuatroteros.
En el contrato con el CEN del PAN, al que Andrade venía prestando junto con otros jóvenes sus servicios profesionales, muestra la dirección del domicilio que, hasta ayer, tenía el joven profesionista.
Eso ya es una costumbre criminal de los guinda. Durante su primer sexenio en el poder AMLO puso en la enorme pantalla del Salón Tesorería domicilios, cuentas bancarias, números telefónicos privados de todo aquel a quien caracterizaba como “moro con tranchete”. Periodistas, como Carlos Loret y la jefa de la corresponsalía del The New York Times, Natalie Kitroeff, entre varios más.
Ayer al mediodía, Edson Andrade anunció en un muy difundido post en X su autoexilio:
“La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que, para cuidar mi seguridad, hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.
“Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo ‘millones’ en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, que son lo mismo, agrego yo.
Primer autoexiliado. Así empezó la sangría ciudadana en Cuba, cuando Fidel Castro se invistió en dictador. Siguieron Chile, con Augusto Pinochet; Venezuela, con Hugo Chávez; Nicaragua, con Daniel Ortega; Bolivia, con Evo Morales; Ecuador, con Rafael Correa…
¿Ahora México con Claudia Sheinbaum?
Primer autoexiliado de la señora que ya tiene presos políticos en su cuenta.
¿Cuántos más?
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Una explicación tentativa sobre la existencia del llamado Bloque Negro y la tolerancia que los últimos dos gobiernitos de la 4T en CDMX han mostrado hacia sus violentos integrantes bien podría estar enmarcada en la “intolerable alianza” que el Movimiento de AMLO mantiene con la delincuencia organizada, como ha denunciado la Casa Blanca gabacha.
Si esas complicidades con el narcotráfico han permitido a Morena “ganar” comicios estatales y legislativos, ¿por qué no habrían de ser también convocados para romper marchas y manifestaciones que al oficialismo les resultan adversos, al tiempo que este les permite no sólo vandalizar comercios, sino también saquearlos?
Más todavía: que, a cambio de su “cooperación a la causa” cuatrotera, muchos de sus integrantes ya recluidos en las cárceles metropolitanas reciban adicionales beneficios, y que se extienda por varios meses más el “permiso” de quienes se dicen autoridad a los narcomenudistas, asaltantes, extorsionadores, etc. que violentan la vida de los ciudadanos.
¿La Unión Tepito? Puede ser.
Pero también otros sicarios de las, al menos ¡62 organizaciones delictivas! que operan en la capital nacional, de acuerdo con el Informe Grupos Delictivos 2024-2025, presentado la última decena de mayo anterior por el gobiernito de la oscura Clara Brugada.
Aunque también, claro, podrían ser policías a quienes cambio se les brindan incentivos y días francos.
* * *
Un aguzado observador del sector privado me comparte lo extraño del evento en el que, supuestamente, representantes de 20 empresas productivas y una docena de cadenas de autoservicio firmaron una nueva versión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, mismo al que se ha denominado por su acrónimo Pacic.
¿Lo extraño?
Para empezar, que al calce del documento sólo fue signado por la señora Sheinbaum y por su secretario de Hacienda, Edgar Amador, el “cobrón” de impuestos de la 4T quien tiene colocada la espada de Damocles sobre algunos de los ahí reunidos.
Luego, que el titular de Economía, Marcelo Ebrard, no hubiese puesto su “poderosa” sobre ese papel y que se mantuviera como simple testigo, cuando supuestamente sería el encargado de vigilar el cumplimiento de lo pactado. Así, le quitaron esa responsabilidad.
Y lo mejor de todo: que ninguno de los 32 convocados, fabricantes y vendedores, tampoco hayan firmado, lo que también no los obliga.
Por el precio de la “canasta básica” promovida no es de 910 pesos, sino de mil 400.
Una mentira más, para no variar la tónica de la Transformación.
@AndySKBrown1
* Pseudónimo bajo el que se redactan informaciones aportadas por los colaboradores y lectores del portal Índice Político.
