Lilia Arellano.
“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”: L. D. Colosio
• Primera pifia del SNA
• En México: inexistente Estado de Derecho
• Justicia a modo en el caso de Javier Duarte
• Quintana Roo: número uno en corrupción
• Más “parches” al Sistema Penal Acusatorio
• Víctimas: “las más descobijadas”: Miranda
Ciudad de México, 04 de Julio de 2017.- Ya más nos vale ni rascarle una vez informados del aurea de protección extendida sobre las actividades gubernamentales, cuando somos testigos una vez más de actuaciones impunes en las cuales no se toman la molestia ni siquiera de abrir una investigación. La determinación del recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción -sobre el cual se levantaron grandes expectativas- votando en contra de por lo menos exhortar al gobierno federal informe sobre las adquisiciones de sistemas de espionaje, denunciados por el diario estadounidense The New York Times, y aceptada la práctica por el propio Enrique Peña Nieto, quien se dijo también víctima de los escuchas, deja muy clara la inexistencia de organismos, dependencias, oficinas, fiscalías, sistemas, ocupadas y dedicadas a restablecer el Estado de Derecho y atender las quejas ciudadanas.
Si van a ser estos los dictámenes del SNA veremos desmoronarse muchos casos pendientes, inclusive aquellos sujetos a las solicitudes de extradición, sin ver resolverse las acusaciones vertidas sobre los hermanos Moreira, Tomás Yárrington, César Duarte, Eugenio Hernández y todos aquellas en donde la aplicación de la justicia está en manos de mexicanos. De ahí sea en el extranjero se lleven a cabo juicios y, más despojos, al quedarse en otras tierras dinero y propiedades producto del saqueo realizado en México. Acciones por las cuales en EU se orilló a un presidente a renunciar, en nuestro suelo no les dan importancia, exigen pruebas y, por supuesto, pueden presentarse o ¿de dónde salen las grabaciones hechas públicas en medios impresos y electrónicos sobre conversaciones entre funcionarios o entre éstos y supuestos cómplices o inclusive las privadas?
Al no darle importancia a este renglón causante de otro escándalo internacional sobre el país, poco o nada puede esperarse para ponerle remedio a la corrupción gubernamental ejercida sobre las empresas, los inversionistas, los comerciantes, los industriales y en general a los ciudadanos. Trámites, licencias de construcción, permisos para incrementar densidades, licencias de funcionamiento, las de salud, las de los bomberos, las relacionadas con seguridad industrial, los trámites aduaneros, la transportación de mercancías, todas éstas y más son aportadoras de sumas multimillonarias a la cadena de burócratas de todos los niveles dotados de firmas para lograr las autorizaciones. ¿Vamos de nuevo a conformarnos con declaraciones y discursos, con buenos deseos y muchas propuestas para no resolver nada?
JUSTICIA A MODO
La audiencia llevada a cabo ayer para la extradición de Javier Duarte de Ochoa dio toda la razón a Miguel Ángel Barbosa, senador vice coordinador de Morena: “todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de estos ex gobernadores priístas fueron construidas deliberadamente con deficiencia y fallas para conseguir su pronta liberación”. Es totalmente justificable la gran sonrisa y los gestos del ex gobernador veracruzano al confirmar los cargos federales en su contra: lavado de dinero y delincuencia organizada.
El tribunal guatemalteco le hizo saber que, por el cargo de delincuencia organizada la pena marcada en la ley mexicana señala de 20 a 40 años de cárcel, promediados: 30; sobre lavado de dinero marcan una sentencia de 5 a 15 años, promedio: 10. La prescripción del delito que dominaría concluye en el 2046. Sólo que en ambos señalamientos marcados en la carta-solicitud enviada por Relaciones Exteriores se dice de Duarte de Ochoa: es campesino, ejidatario, lo cual fue calificado por el acusado como “documento viciado”, al negar pertenecer al campo. “Ni soy campesino, ni soy ejidatario. Eso es falso”.
Manifestó su prisa por llegar a México, sostuvo presentará las pruebas de su inocencia porque, además no aparece su nombre en ninguna de las pruebas presentadas por las autoridades mexicanas solicitando su extradición. Al final de la audiencia, el juez determinó la entrega “inmediata” de Duarte de Ochoa a las autoridades mexicanas. Por su parte, el ex gobernador decidió allanarse, aceptar la extradición porque, repitió, no es culpable de ninguno de los delitos que se le imputan.
Habrá de hacerse notar que no le podrá ser fincado ningún otro delito y solamente podrán juzgarlo por aquello aparecidos en la solicitud de extradición. Se advierte puede llegar a México en un plazo de 15 a 18 días hábiles. La fiscalía guatemalteca informará a la SRE de la determinación y ésta a su vez a la PGR, desde donde acordarán en conjunto con las autoridades de Guatemala la forma de entrega.
VISTO DESDE DENTRO
No hay una sola entidad en la cual se hubiese llevado a cabo un cambio de gobierno producto de las elecciones del año pasado en la cual deje de mencionarse “no hay dinero”, “nos dejaron vacíos”, “estamos en renegociación de deuda”, “¡carajo!, arrasaron con todo!”, aunque lo más grave es desconocer las deudas contraídas por quienes, en su momento, representaban la autoridad estatal. La escena se repite en los Ayuntamientos y hasta en los recintos en donde sesiona el Congreso local se escuchan las quejas porque no pueden pagar más asesores, incrementar sus dietas, contar con más dinero para las gasolinas o mandar redecorar los privados de los legisladores.
Eso sí, las palabras austeridad y transparencia van de una boca a otra, en franca burla. La burocracia empieza a impacientarse, la quintanarroense es un ejemplo. Aparecen en el buró de crédito cuando han venido liquidando las deudas contraídas por compra de auto, de casa, de aparatos y muebles para el hogar, empréstitos en efectivo, entre otros. Las empresas envían la información sobre la falta de pago de cada persona sin levantar ninguna demanda en contra del gobierno defraudador de los trabajadores. Cada uno tiene, en sus respectivos recibos, las sumas descontadas quincena tras quincena. O ¿tampoco se los entregaron? Esta falta no afecta, se trata de una prueba al estar registrado en las nóminas el salario percibido y en poder del banco el depósito realizado cuando el cobro del sueldo es a través de tarjeta de plástico.
La forma de resarcir de estos despojos a las arcas públicas es responsabilidad de quienes encabezan el gobierno, son la autoridad y no de los defraudados trabajadores. La responsabilidad de liquidar todas y cada una de las deudas contraídas por los gobiernos es de quienes la encabezan en el momento de realizar los cobros. No hay mucho que discutir y si una gran mayoría de empresarios no se anima a demandar es por el conocimiento del manejo cómplice entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la aplicación de cualquier renglón de justicia. Y vaya que tendrían muchísimo trabajo si, además de andar investigando sobre pesos y centavos, se dieran a la tarea de las omisiones y se castigara a quienes, por ejemplo, permiten a los hospitales privados y hasta los públicos trabajar sin contar con las licencias, autorizaciones y supervisiones correspondientes. ¿Será posible se hagan de la vista gorda ante las fuertes sumas recabadas, otra vez por corrupción?
En ese concepto de “que tanto es tantito”, para el delegado de Fonatur en Cancún no es problema, no hay nada que atender, no se aceptan reclamos por el desvío de la ciclopista. “Solamente son cuatro metros”, dijo riendo al momento de preguntarse: “¿Por qué no hacen alboroto jubiloso por el parque que vamos a construir en el kilómetro cero?”. Esa y no otra es la concepción existente sobre lo que debe y no debe hacerse y respetarse en los reglamentos con la cual se acompañan las acciones de las autoridades locales, estatales y federales.
Lo anterior, en donde no se incluye Tajamar ni las construcciones como Infinity, es tan importante como la inseguridad reinante en la entidad. No hay un solo día en el cual se tengan buenas nuevas: no hubo ningún ejecutado, ni asesinado, ni torturado, ni secuestrado, ni víctima de asalto. Las autoridades y sus respectivas “mesas”, la integrada por autoridades sesionando en lo oscurito y la ciudadana conformada recientemente, todavía no dan ningún resultado y tal vez por eso la presidenta del municipio Solidaridad, Cristina Torres, plantee acordar con los empresarios medidas que bien podrían titularse: “protéjase usted solo”.
Pide a los empresarios se comprometan a instalar cámaras al interior de sus negocios, filtros y detectores de metales para evitar entren quienes andan armados, se registren todos los empleados a la entrada y salida de sus labores y se contrate y capacite a guardias. Antes, se marcaron horarios de temprano cierre inclusive para bares y restaurantes. La firma de este “acuerdo” deja sin obligación al gobierno de garantizar la seguridad de los ciudadanos tal y como lo mandata nuestra Carta Magna. Lo referido lleva a la abdicación de una responsabilidad más. Antes ya nos recetaron las privatizaciones de muchos servicios, las de la enseñanza, las del libre tránsito y hasta aquellas en donde se suponía las playas eran públicas. ¿Qué más les falta?
Así las cosas, no es para sorprenderse expongan los ciudadanos una amenaza-ultimátum: hacer justicia por sus propias manos; es decir repetir las acciones en contra del famoso ruso, linchar o agredir a quienes cometen delitos y los agarran en plena acción. Se ha visto lo inútil de llevarlos ante la autoridad, porque además de dejarlos libres casi inmediatamente, convierte a quienes denunciaron en las siguientes víctimas de las organizaciones criminales. Incapacitados como se encuentran para terminar cualquier investigación, entre la bola, ya ninguno es culpable. Balaceras y crímenes no paran y lucen tanto como los botones de los uniformes. Aunque hay una cabeza a 30 días de retirarse, Fidel Villanueva, y seguro no se irá limpio.
QUINTANA ROO, CAMPEON EN CORRUPCIÓN
En materia de corrupción, durante el año pasado, Quintana Roo ocupó el primer lugar de las 32 entidades federativas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). De 10,000 unidades económicas en dicha entidad, 2,077 experimentaron al menos un acto de corrupción. El costo promedio por corrupción en la tierra de los Joaquín va desde los 30 mil 700 a los 262 mil 800 pesos por unidad económica. Las entidades que le siguieron fueron Tlaxcala (2,019), Morelos (1835), Estado de México (1663) y Puebla (1,551).
La encuesta del INEGI revela que 20.2% del total de las unidades económicas consideran que en el 2016 el marco regulatorio representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios, particularmente en los estados de Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua. En el país se estima que las unidades económicas realizaron 19.5 trámites, pagos o solicitudes de servicios en promedio ante autoridades municipales, estatales o federales. La mayor cantidad de trámites se efectuaron en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California.
Hasta mil 600 millones de pesos gastaron las unidades económicas del sector privado, las cuales llevan a cabo la producción de bienes y servicios, en actos de corrupción al realizar trámites o solicitudes ante autoridades el año pasado, en donde el costo promedio por cada sector fue de 12 mil 243 pesos. En promedio, la microempresa utilizó recursos para esta actividad por 9 mil 84 pesos; la pequeña, 35 mil 58 pesos; la mediana, 84 mil 806 pesos; y la grande, 48 mil 425 pesos. En tanto, el sector comercio desembolsó en promedio 11 mil 416 pesos; y el de servicios, 11 mil 834 pesos.
En cuanto a las víctimas de corrupción, Quintana Roo se encuentra en primer lugar, con 2 mil 77 por cada 100 mil unidades económicas seguida de Tlaxcala, con 2 mil 19 y Morelos, con mil 835. La incidencia de actos de corrupción al realizar trámites o inspecciones por cada 10 mil unidades económicas durante 2016 la encabeza el Estado de México, con 57 mil 909; seguida de Guerrero, con 34 mil 236; y Tlaxcala, con 30 mil 554.
Destacan en el Poder Judicial los actos de corrupción el año pasado: 2 mil 753, al tener contacto con autoridades de seguridad pública; mil 557, al iniciar o seguimiento de averiguaciones previas o carpetas de investigación, y mil 545 en procesos judiciales laborales o mercantiles.
PARCHES AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Debido a las múltiples fallas en la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, las cuales dejan desprotegidas a las víctimas, se trabaja a marchas forzadas en reformas al mismo, aún cuando éste no acaba de aterrizar. La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) se enfoca en la presentación de dichas reformas. “No se trata de dar marcha atrás, sino de optimizar el procedimiento”, dijo Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago y jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La urgencia de reformar al sistema lo destacó Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, quien denunció que no se están velando los derechos de las víctimas y se les tiene “descobijadas”.
En la inauguración del Foro para el Fortalecimiento del Sistema Procesal Penal, Mancera admitió existen “ámbitos de impunidad” que deben corregirse. Informó que en reunión con los gobernadores se acordó realizar una serie de acciones para tener un diagnóstico de cuáles podrían ser los planteamientos necesarios para hacer precisas posibles reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución misma, de ser necesario. “Hay que discutir y analizar qué es lo que no está funcionando o qué sería necesario reformar, adecuar o proponer, adicionar”, dijo.
“Quiero dejar claro que no se trata de dar marcha atrás”, declaró Mancera, sino “se trata de afinar los puntos en donde los estados, los procuradores y los presidentes y “presidentas” de los tribunales, los impartidores de justicia directa, están encontrando puntos que pueden ser ámbitos de impunidad”. Como parte de los trabajos para proponer las reformas, el presidente de la Conago buscará reuniones con los titulares de la Procuraduría General de Justicia, así como con la Consejería Jurídica Federal. También acudirá tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República.
Es urgente revisar el Sistema Penal Acusatorio porque las entidades federativas están resintiendo los efectos de las liberaciones inmediatas, de la no actuación efectiva en hechos de impunidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, se han liberado alrededor de 12 mil presos, lo cual ha abonado en el incremento de la inseguridad. De los 42 mil presos en los penales capitalinos, actualmente hay unos 30 mil. Es precisamente a estos hallazgos a los cuales se les atribuye parte del reciente incremento en la incidencia delictiva.
Entre otros puntos, los gobernadores buscan que se amplíe el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, explicó Omar Fayad, vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago y gobernador de Hidalgo, quien reconoció que la población tiene una percepción de impunidad muy alta. Indicó es necesario equilibrar el nuevo sistema de justicia a fin de que los derechos de los imputados no estén por encima del derecho de las víctimas. Al mismo tiempo, garantizar la reparación del daño y el combate a la impunidad.
El gobernador detalló: “La víctima se ve realmente mermada en sus derechos o en peligro (…) la estamos perdiendo para feminicidios; para quienes comercian con armas, para los delitos en materia de hidrocarburos… Estamos pidiendo que proceda la extinción de dominio para el caso de delitos cometidos en materia de hidrocarburos ya que tenemos que pegarle a las estructuras financieras de la delincuencia porque están lastimando a la sociedad”.
DE LOS PASILLOS
Sin fiscal ni magistrados especializados arrancará funciones el próximo 19 de julio el Sistema Nacional Anticorrupción… Los coordinadores del PAN, PRD y PT el Senado de la República determinaron, sin la presencia del PRI y el PVEM, que no existen condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones que permita designar al fiscal y a los juzgadores antes de esa fecha…
Encabezados por el líder nacional del Movimiento de Taxistas, Erik Castillo, trabajadores del volante se presentaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por el servicio, cada vez más solicitado, de las plataformas digitales como UBER. Es en la terminal aérea en donde los taxis concesionados pagan fuertes sumas a los administradores por los puestos de venta de boletos, estacionamiento, circulación en esa área y quienes son llamados por teléfono no tienen absolutamente ninguno de estos egresos. La competencia la consideran totalmente desleal, independientemente de ser generadora de mucho más desempleo del que pretendieron erradicar. Busca el Movimiento de referencia se establezca una mesa de diálogo tanto con Gobernación como con los legisladores federales con el fin de darles una solución apoyada en la certeza de estar primero México y los mexicanos ¿o no?…
El incendio en Sierra de Juárez está fuera de control. La instancia a cargo del ataque al siniestro, el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI), indicó: los esfuerzos de contención y ataque contra el incendio forestal que afecta a la Sierra de Juárez y que inició en el Cañón de Jamatay desde el 26 de junio, se están enfocando a proteger la zona arbolada y al Parque Nacional Constitución de 1857, debido a que el fuego seguirá avanzando. Más de 18 mil 700 hectáreas han sido consumidas, reportó la Comisión Nacional Forestal. Las extremas condiciones meteorológicas que se tienen en la zona serrana, con temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, vientos de hasta 25 kilómetros por hora y una baja humedad, además de una acumulación de material vegetal combustible, impiden el control del fuego.
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