Lilia Arellano
“La avaricia y el lujo han sido la ruina de todo gran Estado”: Tito Livio
• Prioridades de AMLO: austeridad y seguridad
• Girar hacia el Estado de Derecho, no significa olvido
• Crucial recuperar paz, seguridad y la justicia efectiva
• Termina este sexenio con privilegios de la burocracia
• Lajous, Ruiz Sacristán y Videgaray: desleales al País
Ciudad de México, 18 de Julio de 2018.- Poco a poco, atendiendo las prioridades y urgencias de la nación, se va delineando la dirección de las políticas del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Austeridad y seguridad se encuentran en los primeros lugares, junto con el crecimiento económico, para hacer frente a la pobreza de más de 60 millones de mexicanos y de más de 9 millones de miserables. En el ocaso de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto admite públicamente el fracaso de su guerra a la criminalidad, por lo cual es de celebrarse la “carta abierta” de AMLO a Olga Sánchez Cordero para lograr la pacificación del país. Al mismo tiempo, es bienvenido el recorte de salarios a la alta burocracia creada en la docena panista y sostenida en la administración del mexiquense, la cual genera una cuantiosa sangría al presupuesto federal y es realmente ofensiva ante las condiciones salariales del resto de la población.
A lo largo de la última década la delincuencia aumentó drásticamente ante la ineficacia de la política de seguridad de las autoridades federales y trastocó el tejido social. De ahí la urgencia de cambiar la estrategia seguida en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública, con el restablecimiento del Estado de derecho, el cumplimiento de los derechos humanos, sumidos en una crisis persistente desde hace varios años, la procuración e impartición de justicia real, sin simulaciones, y el combate al narcotráfico y otros delitos. En estos momentos, resulta crucial la recuperación de la paz, la seguridad y la justicia efectiva.
Destaca el estudio de las posibilidades para la creación de comisiones de la verdad, a fin de esclarecer fenómenos regionales, así como una “gran comisión” para arrojar luz sobre lo ocurrido en todo el país. Asimismo, para pacificar a México se considera seriamente la posibilidad de despenalizar las drogas actualmente prohibidas. Durante el foro “¿Olvido, verdad o justicia?”, realizado en el Colegio de México, Sánchez Cordero enfatizó: “ya es momento de hablar de memoria y reparación. Nosotros no vamos a simular que en México no pasa nada y que hay una política de derechos humanos. El Estado ha sido incapaz de evitar las desapariciones, de buscar las víctimas y saber su paradero”.
Lo visto hacia el futro es altamente satisfactorio, más aún si de las palabras saltan a los hechos y se llena ese vacío de desesperanza existente en todas las capas de la sociedad. Debe considerarse nadie quedará satisfecho si se presenta un borrón y cuenta nueva. El reconocimiento público hecho por el propio Enrique Peña Nieto establece la probabilidad de la comisión de delitos, la omisión es uno de ellos y se aplica cuando en verdad se establece el Estado de Derecho.
Para el mexiquense resultó sumamente sencillo dejar correr, por ejemplo, la “verdad histórica” sostenida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Hacerse de la vista gorda aún y cuando el escándalo ya corría por los pasillos internacionales resultó un relato para novela de suspenso, en esas donde se plantean complicidades y crímenes desde las altas esferas de poder. No es la existencia de esa comodidad apoyada en la creación de un futuro mejor lo esperado. Debe aplicarse la ley, exigir cuentas del porqué no se cumplieron los protocolos de identificación de cadáveres para lograr ver disminuido el largo historial de los desaparecidos.
Tendrá que verse la voluntad política a partir de la puesta en practica de las leyes, del derecho, del respeto a los derechos humanos, en los juzgados a los cuales sean llamados quienes durante 18 años han perjudicado a quienes, para empezar, les dieron la confianza suficiente para guiar el rumbo de su existencia. Ya veremos.
FIN A PRIVILEGIOS BUROCRÁTICOS
Hablar de tiempos a partir de la gestión de Vicente Fox, considerando se constituyó una burocracia dorada, la cual se consolidó en la gestión de Felipe Calderón, con la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, no es del todo justo. Esa burocracia receptora de salarios insultantes al hacer referencia a las percepciones de la clase trabajadora al servicio de la iniciativa privada o de los gobiernos y sus paraestatales, existe desde la creación del PRI, y puede ser mucho antes.
Sin embargo, no todo lo generador de protestas son los altos sueldos sino sumar a ellos prestaciones y beneficios sin límite, liquidar con el dinero público operaciones de cirugía plástica, compra de ropa interior de hombre y de mujer, francachelas, viajes familiares al extranjero, el uso de vehículos y aeronaves para el placer y no para el cumplimiento de tareas de gobierno. Gozar de servicios médicos costosísimos cuando ni siquiera se padecen enfermedades, pagarles el servicio doméstico, el chofer, el portero, la seguridad, el jardinero, la peinadora, la maquillista, etcétera, conformaron la gran caja a la cual agregaron los moches, las comisiones, las componendas para beneficiar, principalmente, a empresas extranjeras.
Retroceder en el tiempo nos lleva a recordar se cometieron todos estos abusos en prácticamente todos los sexenio, los presidentes se han mostrado complacientes, satisfechos, contentos de convertir a sus amigos, compadres y parientes en potentados. Han sido felices al ser testigos del enriquecimiento familiar, de saber sus ahijados estudian en el extranjero y tienen sueños de llegar a ocupar también gubernaturas y hasta la Presidencia. De faltar a esa sana medianía puede señalarse a todos a partir del creador de la frase. Sin embargo, en el presente, se colmó el plato, se rebasaron todos los límites, cayeron en el cinismo, la desvergüenza, el hurto visto claramente sin buscarle el más mínimo disfraz. Se vio llegar también un proteccionismo abierto, autoritario, impositivo y dueño de la ley.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se siguió operando y favoreciendo al PAN bajo estas últimas reglas. Son miles de directores generales y coordinadores generales; directores generales adjuntos y directores de área, de filiación panista, con sueldos de 153 mil 914 a 189 mil 748 pesos al mes, más prestaciones., cuyos montos llegan a duplicar la cifra de la percepción salarial. Ha habido intentos para eliminar esas direcciones de la ley para que su designación corra a cargo de los titulares de cada secretaría: una iniciativa del PRI, en 2006, y otra de Morena, en 2016. Ambas propuestas fueron votadas en la Cámara baja pero frenadas en el Senado de la República. Esa reforma es indispensable para hacer efectivo el plan de austeridad.
Pero la alta burocracia del gobierno federal está conformada desde secretarios, con salarios de 201 mil 288 pesos mensuales, más prestaciones de 57 mil 352 pesos, también al mes, de acuerdo al analítico de las plazas de la SHCP. De ahí siguen los subsecretarios, quienes ganan cada mes entre 149 mil 123 y 199 mil 982 pesos, con prestaciones de 43 mil 642 a 54 mil 659 pesos; los oficiales mayores, con los mismos salarios y prestaciones; y los jefes de unidad, con ingresos de entre 122 mil 897 y 196 mil 702 pesos, y prestaciones de 36 mil 36 a 55 mil 497 pesos, también mensuales. Luego viene los directores, cuyas prestaciones oscilan entre 31 mil 284 y 52 mil 950 pesos mensuales para los de carácter general; de 24 mil 714 a 43 mil 539 para los adjuntos, y de 15 mil 445 a 35 mil 633 para los de área. En cuanto al número de subsecretarías, jefaturas de unidad, direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento éste es discrecional.
En las dos cámaras del Congreso de la Unión la discrecionalidad es aún mayor. No hay limite para los puestos de dirección ni para los asesores. Muchos funcionarios en el Poder Legislativo y en el Judicial ganan más que el Presidente. Cada uno de los 500 diputados gana 140 mil pesos al mes y cada uno de los 128 senadores 164 mil. A eso debe agregarse bonos, aguinaldos y otras prestaciones. Además, el secretario general del Senado gana 3 millones 372 mil 273 pesos al año; el de la Cámara de Diputados, 3 millones 805 mil 339; y el Auditor Superior de la Federación, 4 millones 268 mil 60. En cuanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los consejeros de la Judicatura, sus percepciones son de 6 millones 93 mil 234 pesos al año. En los órganos autónomos, los salarios también son elevados: cada consejero electoral gana 4 millones 354 mil 208 pesos al año; el secretario general del Instituto Nacional Electoral (INE), 4 millones 86 mil 265.
Los ingresos del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son de 4 millones 243 mil 164 al año; los comisionados de Competencia Económica, 3 millones 404 mil 535; los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 3 millones 517 mil 740; los del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 millones 340 mil 687; los del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 3 millones 456 mil 571; y el titular del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 3 millones 403 mil 222 pesos.
De acuerdo al académico Diego Valadés, la política de austeridad de AMLO para reducir los sueldos de funcionarios está en concordancia con lo que dice la Constitución. El Artículo 172 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el Presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador anunció recibirá 108 mil pesos mensuales, 40 por ciento del salario actual del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Esta reducción significa un tope salarial para el resto de los funcionarios.
Falta por conocer el otro lado de la moneda. Si a esta burocracia se le bajará el salario como se asegura, seguramente para la clase trabajadora se actuará en sentido totalmente contrario al marcar nuevos salarios base y no mínimos, palabra ésta a la cual le han dado estricto cumplimiento porque llamarlos bajos es inválido son mucho más reducidos, son, como su nombre muy claramente lo dice mínimos y, por lo tanto, no garantes de lo marcado en la Carta Magna.
El camino empieza y haberlo hecho pronto ha sido lo mejor.
TECNOCRATAS AL SERVICIO DE TRASNACIONALES II
El grupo de tecnócratas educados en el extranjero quienes promovieron las reformas estructurales, facilitaron su aprobación en el Congreso de la Unión y participan en los nuevos negocios con petroleras extranjeras para las cuales trabajan abiertamente o apoyan subrepticiamente, incluyen también a Adrián Lajous Vargas, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Ramírez Corzo y Luis Videgaray Caso. Nombres pendientes en nuestras líneas del día de ayer.
Adrián Lajous Vargas fue director de Pemex entre 1994 y 1999. Su trabajo en favor de trasnacionales fue tan eficaz que logró ser incluido en el consejo de ocho multinacionales, quienes en conjunto lograron contratos por 73 mil millones de pesos con Pemex. Siguiendo los mismos pasos de su jefe, el ex presidente Ernesto Zedillo, participa en la junta directiva de la petrolera trasnacional Schlumberger. Es desde 2001 el principal asesor de energía de McKinsey, presidente de Petrometrica, consultor de energía, y director de Translation y Tenium, S. A., empresa dedicada a la producción y distribución de productos de acero. Es director de Schlumberger, empresa de servicios petroleros, suministro de tecnología y gestión de proyectos para la industria de aceite y gas.
Fue uno de los principales impulsores de la reforma energética, sobre todo para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución y aprobar licencias y permisos a petroleras extranjeras para explotar el petróleo y el gas. Tras su salida del gobierno, Lajous se convirtió en consultor privado del banco Morgan Stanley, quien ahora respaldará financiamientos para los nuevos negocios derivados de la reforma energética. Apenas a un mes de finalizar su gestión en Pemex, Lajous fue contratado en Texas por la consultora McKinser and Company, con sede en Houston, a quien Pemex Exploración y Producción le otorgó un contrato por adjudicación directa por 330.7 millones de pesos, dos meses antes de que Lajous dejara la paraestatal. La intervención de McKinsey en Pemex es tal que dos ex empleados de la empresa se incorporaron a la paraestatal en puestos claves: la dirección corporativa de operaciones y en finanzas. Existen denuncias contra Lajous por divulgar información estratégica para beneficiar a empresas privadas y extranjeras en licitaciones de contratos millonarios con Pemex.
Otra empresa favorecida por Pemex donde participa Adrián Lajous es Schlumberger. Las filiales de ésta firmaron 322 contratos con Pemex PEP, 26 con el Instituto Mexicano del Petróleo, 8 con la Compañía Mexicana de Exploraciones, 4 con la Comisión Federal de Electricidad y 3 con Pemex PMI Comercio Internacional. En junio de 2008, Schlumberger obtuvo un contrato por 9 mil 938 millones de pesos para operar pozos en Chicontepec y otro para la operación del laboratorio de campo Agua Fría por mil 487 millones de pesos. Entre febrero y agosto de 2013, Schlumberger ganó contratos que suman 7 mil 628 millones de pesos solamente con Pemex Exploración y Producción. Algunos de éstos han sido adjudicados de manera directa, sin licitación.
Carlos Ruiz Sacristán fue director general de Pemex en 1994 y secretario de Comunicaciones y Transportes de 1997 a 2000. Luego pasó a la iniciativa privada como director de Sempra Energy, empresa que provee asesoramiento y colaboración energética en materia de gas en México. Los antecedentes de las prácticas de Sempra Energy dejan mucho que decir. Ha sido acusada de defraudación fiscal y lavado de dinero, además de manipular los precios de la electricidad en Estados Unidos y de daños al medio ambiente en México.
En la actual administración federal, Pemex le ha otorgado contratos a Sempra Energy a través de su empresa mexicana IEnova. Destaca el contrato para la prestación de servicios de transporte de gas natural, a fin de desarrollar la infraestructura del proyecto “Ramones Fase I”, consistente en un ducto de 48 pulgadas de diámetro y 114 kilómetros de longitud. El 25 de octubre de 2013, Pemex informó dividió en dos tramos el proyecto “Ramones Fase II” y le asignó de manera directa a IEnova-Gasoductos de Chihuahua y la otra a la sociedad de TAG Pipelines y la francesa GDF Suez. El monto del contrato es de 800 millones de dólares, pero contiene una cláusula muy dañina para México, pues estipula que Pemex se obliga a pagar el transporte diario de un millar de millones de pies cúbicos diarios, no importando el volumen que se transporte realmente, esto significa financiamiento al contratista.
Luis Ramírez Corzo fue director de Pemex de 2004 a 2007. En 2012 fue designado presidente ejecutivo de la compañía de Servicios Petroleros Oro Negro, cuyo objetivo es “perseguir oportunidades en el sector de servicios petroleros en México, donde la inversión en actividades de producción y exploración continúa creciendo”. Oro Negro es una iniciativa empresarial formada con fondos de las compañías norteamericanas Axis, Ares Management, y Temasek de Singapur. En ella aparecen asociados Ramírez Corzo y Suárez Coppel. También son accionistas Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, hijo y cuñado de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda.
El aprendiz de canciller, Luis Videgaray, fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante la mayor parte de este sexenio. En 2012, fue el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto y el organizador del andamiaje financiero que involucró a las cadenas de tiendas Soriana y Walmart y bancos como Monex, Scotiabank, Banamex y Bancomer. En la campaña presidencial, el PRI montó un entramado económico con empresas fantasma, lavado de dinero y triangulación de recursos vía paraísos fiscales. La coalición Movimiento Progresista comprobó que una cuenta del banco Scotiabank a nombre de Videgaray –ilegalmente- tuvo depósitos durante la campaña por más de 250 millones de pesos. El IFE nunca investigó a fondo estos actos de corrupción.
Y todavía falta por aclararse sus manejos al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los del ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, y sus implicaciones en desviaciones de recursos públicos como “la estafa maestra”. No olvidemos los fideicomisos, la Estafa Maestra y muchas otras lindezas con las cuales, de aplicarse correctamente la ley, el futuro les será sombrío.
DE LOS PASILLOS
Será en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se resuelva si atrae los recursos de revisión extraordinaria promovidos por el gobierno federal contra las sentencias que ordenaron la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación del caso Iguala. Luis María Aguilar, ministro presidente del alto tribunal, informó al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, recibió las solicitudes de facultad de atracción, las cuales fueron remitidas a la Primera Sala… Este miércoles, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito determinó es jurídicamente imposible cumplir las sentencias que ordenaron la creación de la Comisión de la verdad para la investigación del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero… Con el fallo, el Tribunal da la razón a la PGR quien se declaró con imposibilidad real, jurídica y material para cumplir la sentencia en la cual se ordena crear dicha comisión, dictados en los juicios de amparo del 203/2017 y 206/2017, en los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva o Duvalín; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos…Veamos pues la “altura” de la operación limpieza decretada por EPN y sus gavilleros.
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