Prisa por los presupuestos

Las sesiones del Congreso que han dado remate sin pena ni gloria a la Ley de Ingresos para 2013 se ha desarrollado como un juego insulso con una pelota muerta en medio del campo: todo estaba previsto en un clima de compromiso de las tres principales fuerzas políticas. Así que todo muy bien. Todo re’chulo de bonito.

La premura llevó al acuerdo. También por las prisas muy probablemente se aprobará del mismo modo el Presupuesto de Egresos, soslayando subsanar muchas de las fallas que año tras año quedan en el rincón de los rezagos.

Una de ellas, gravísima de suyo, es que a estas alturas de la bancarización universal, de las comunicaciones instantáneas y luego de que –como se nos ha recordado hasta la saciedad— Steve Jobs transformara radicalmente el mundo de las comunicaciones, en México aún existen “comisionistas habilitados” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para manejar los presupuestos públicos ¡en sus cuentas personales!?

¿Comisionistas habilitados? ¿Qué es eso?

Pues son personajes que, generalmente identificados con el partido político en el poder federal, reciben en sus chequeras los dineros del erario para ellos mismos gastarlo sin, prácticamente, rendir cuentas a nadie.

No sólo eso, “a la fecha –me dice Reyes Orona, abogado que preside la ONG Transparencia Nacional—, la Cámara de Diputados ha sido incapaz de establecer reglas efectivas para evitar que el gobierno federal genere fuentes de ingreso no fiscalizado, como es el caso de la inversión de las disponibilidades que generan rendimientos multimillonarios de los que no se rinden cuentas…

“Entre esos están incluidos los que se reciben por concepto de intereses, penas convencionales, los subejercicios, los préstamos internacionales y diversos conceptos que se mantienen en fondos, mandatos y fideicomisos conocidos como guardaditos.”

Y sumados esos guardaditos, ha dicho el presidente de Transparencia Nacional y también ex titular de la Procuraduría Fiscal, podrían llegar a la nada despreciable cifra de 500 mil millones de pesos utilizables para fines electoreros: compra de votos… compra de funcionarios electorales, desde el más humilde escrutador de casilla hasta el más elegante magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… compra subrepticia de espacios periodísticos… compra… compra… compra…

Explica el ex procurador fiscal de la Federación, que “la trampa es sencilla: primero, el Ejecutivo, a través de la SHCP, le entrega a la Cámara de Diputados un presupuesto de egresos con prácticamente el 90% comprometido, etiquetado, inamovible… y los funcionarios de la alta burocracia le dicen a los legisladores que todo se debe pagar porque así está contratada la deuda, la nómina y otros conceptos, de forma que los diputados sólo discuten el 10 por ciento restante…”.

Lo peor es que de ese reducido y casi ridículo porcentaje, la Administración subejerce durante los primeros tres meses del año o periodo fiscal y, a través de un mecanismo conocido como Reglas de Operación, piden a estados y municipios documentos y requisitos prácticamente imposibles de cumplir, por lo que los recursos no les llegan a tiempo y muchas más de plano no llegan al destino que marcó la Cámara Baja.

“Mientras no se entrega el dinero –denuncia Reyes Orona— lo prestan a empresas privadas como Telefónica o Cemex, y a otras cercanas al partido en el poder.”

Así, después de varios meses la SHCP comienza a enviar los recursos con mucha lentitud a las entidades y a los ayuntamientos. Se ha dado el caso, cual ejemplo los tres ejercicios anteriores, en los que les recortaron el ejercicio anticipadamente, obligando a todos los ejecutores del gasto a devolver el dinero que no se hubiere devengado ¡al mes de julio! Es decir los estados y municipios tuvieron entre 4 y 5 meses para cumplir con sus metas presupuestarias.

Este año, los panistas cerraron la operación el 13 de julio y obligaron a que se regresaran los recursos a la Tesorería de la Federación y de esos recursos no dan cuenta a nadie.

Otra denuncia reveladora: que “a través de dos rubros generales el 23 y el 30 (Calderón y sus cercanos) tuvieron un manejo discrecional de enormes sumas a las que la Cámara de Diputados les dio un destino y que, excediendo facultades de ley, Hacienda envió a otros propósitos”.

Y una más: “…encontrar los más de 300 mil millones de pesos de disponibilidades que (Agustín) Carstens y (Ernesto) Cordero escondieron a través de jinetear el presupuesto y realizar inversiones fuera de la ley y a espaldas de la fiscalización de la Cámara de Diputados.

“En materia de ingresos se requiere que Hacienda explique de dónde piensa pagar la deuda contingente que ha negociado con el FMI, en caso de usarlo: hay que recordar que el Fobaproa fue de 65 mil millones de dólares y que Cordero pidió autorización discrecional y automática para ejercer 80 mil millones de dólares.

“También es urgente terminar con el esquema de excedentes petroleros que sólo tiene como objetivo darle la vuelta a la Cámara de Diputados, hay que transparentar los ingresos que recibe Pemex, y terminar con los anticipos a cuenta de Pemex al gobierno federal que no son sino préstamos no reconocidos.

“Los comisionistas habilitados son otro vicio que los legisladores deben suprimir ya que mediante programas de desarrollo social se dispersan multimillonarias sumas de difícil o imposible fiscalización. Por eso –remata Reyes Orona– México es un país rico lleno de pobres: por su mala administración.”

O, mejor dicho, por sus corruptas Administraciones, ¿o no?

Índice Flamígero: Los legisladores bien podrían meter mano a la iniciativa de reformas a la Constitución recién propuestas por el Ejecutivo en materia de política educativa y no hacer del texto de la Carta Magna el reglamento de las cooperativas o tienditas escolares.

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