Redacción MX Político.- Los seguidores de López Obrador exigen comparación con gobiernos previos ante la menor crítica, pero otros presidentes no soñaron tener el mandato del que él disfruta.
AMLO puede aprovecharlo para resolver los grandes problemas que México enfrenta, y cuya resolución requiere de enorme capital político: falta de Estado de derecho, deficiente impartición de justicia, inseguridad, rancio sistema educativo, insuficiente inversión en sectores estratégicos, infraestructura obsoleta, baja productividad, asfixiante informalidad, etc. Hasta ahora, sólo ha expresado el deseo de abatir la corrupción, un problema grave, pero sin implementar una estrategia seria para lograrlo.
Ha usado la fuerza del Ejecutivo para acaparar tanto poder como le sea posible, antes de que la situación se deteriore y de que quienes votaron por él lo cuestionen. Considerando la mezcla de improvisación, ineptitud y arrogancia que predomina entre su equipo, eso ocurrirá pronto.
Su Secretaría de la Función Pública ha sido el vehículo para la aplicación selectiva de justicia, la vía para atacar a quienes se le oponen, evitando investigar a colaboradores que incurren en conductas sospechosas, como Manuel Bartlett. Lo mismo podríamos decir de su fiel sicario Santiago Nieto, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, quien utiliza su autoridad para hurgar pecados reales o ficticios de opositores, para extorsionar jueces, o vencer amparos; pero sin tocar ni con el pétalo de una rosa a secuestradores, narcotraficantes, huachicoleros o funcionarios devotos.
Su actitud preocupa ya a autoridades estadounidenses que piensan dos veces antes de compartir información sensible con quien era su confiable aliado.
Todo Presidente tiene la tentación de nombrar incondicionales a la Suprema Corte. Peña Nieto lo hizo con Eduardo Medina Mora. Pero si su renuncia fue producto de chantaje, debe quitarnos el sueño su remoción. A AMLO le estorban los órganos constitucionales autónomos, las entidades de la sociedad civil y las Cortes.
Fue patético el nombramiento de Yasmín Esquivel (esposa de José María Riobóo, su contratista de cabecera) a la Suprema Corte. Al restarle independencia a ésta, nombrando “empleados”, nos quita un contrapeso urgente, ante su abrumador poder. La consecuencia de hacerlo será un colapso en la inversión, mayor al ya visto, pues nos deja a merced de su voluntad, sin instancia que nos defienda de excesos, más allá de tribunales internacionales a los que seguramente ignorará.
Alexander Hamilton decía que el Poder Judicial es el menos peligroso en el gobierno, pues carece del poder del Ejecutivo y de la pasión política del Legislativo. Pero su independencia es la piedra angular del sistema de contrapesos en una democracia.
Cuando Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, se somete y dice que ésta debe escuchar el “mensaje de las urnas”, tenemos un problema serio. Además de ser el máximo árbitro y el último recurso para quien busca justicia, la Suprema Corte tiene el mandato de proteger derechos civiles, garantías individuales y salvaguardar la Constitución. Nada de esto depende de preferencias electorales.
Es más, una de las funciones más importantes de la Corte es proteger a las minorías de posible arbitrariedad de la mayoría. Un ejemplo. Hasta 1967, el matrimonio interracial era ilegal en una docena de estados de la Unión Americana.
En ese año, la Suprema Corte decidió unánimemente volverlo legal en todo el país. Si hubiera escuchado el “mensaje de las urnas”, no lo hubiera hecho. Sólo 5% de los estadounidenses apoyaban el matrimonio interracial en los años 50. Después del fallo, la aceptación llegaría a 80% en este siglo.
Si López Obrador arrasa con la Suprema Corte, controlando ya al Legislativo, podrá diseñar leyes a modo, cuya inconstitucionalidad nadie objetará. Está en sus manos decidir si aprovechará su enorme capital político para construir un México más justo y fuerte, o para montar una tiranía inexpugnable. Hasta ahora, este último camino parece el más probable. [Agencia Reforma]
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