En un movimiento sin precedentes en la historia judicial de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, una iniciativa que podría transformar radicalmente la estructura del Poder Judicial del país.
Esta propuesta, enviada al Congreso el pasado 5 de febrero junto con otros 17 proyectos de reformas constitucionales, busca establecer un mecanismo que supervise y sancione a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa plantea que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tenga la facultad de emitir amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas, destituciones e inhabilitaciones contra servidores públicos del Poder Judicial que cometan actos contrarios a la ley o la administración de justicia, incluyendo casos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y encubrimiento de delincuentes.
Un Órgano Autónomo y Definitivo
El proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados establece que las decisiones del Tribunal de Disciplina serán definitivas e inatacables, lo que significa que no procederá juicio ni recurso alguno en contra de sus resoluciones. Esta característica busca otorgar al Tribunal una autoridad absoluta y sin posibilidad de ser cuestionada, asegurando así una mayor eficacia en la implementación de las sanciones.
El Tribunal se integrará por cinco miembros, quienes serán elegidos por la ciudadanía y propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los miembros del Tribunal tendrán un mandato de seis años, asegurando una renovación constante y la posibilidad de adaptarse a nuevas realidades y desafíos dentro del sistema judicial.
Elección Directa y Secreta
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es que los ministros de la SCJN, las magistradas y magistrados de Circuito, las juezas y jueces de Distrito, y los miembros del propio Tribunal de Disciplina Judicial, serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. Estas elecciones se llevarán a cabo el primer domingo de junio durante las elecciones ordinarias, otorgando a los ciudadanos un papel activo en la conformación del Poder Judicial.
La iniciativa especifica que los ministros de la SCJN durarán en su encargo 12 años, y el Pleno de la Corte se compondrá de nueve integrantes. Por su parte, las magistradas y magistrados de Circuito, así como las juezas y jueces de Distrito, tendrán un mandato de nueve años, con la posibilidad de ser reelectos al finalizar su periodo.
Durante el periodo de campaña, los candidatos a estos puestos tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, sin posibilidad de hacer pre campaña, y se prohibirá cualquier tipo de financiamiento público o privado. Estas medidas buscan garantizar una competencia justa y evitar la influencia de intereses externos en las elecciones judiciales.
La propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. Por un lado, algunos ven en esta iniciativa una oportunidad para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial, asegurando que jueces y ministros actúen con integridad y profesionalismo. Por otro lado, hay quienes expresan preocupación por la concentración de poder y la posible politización del sistema judicial.
El camino hacia la aprobación de esta reforma no será sencillo. Requiere un consenso amplio y un análisis profundo de sus implicaciones. Sin embargo, la iniciativa de López Obrador abre la puerta a una discusión necesaria sobre la estructura y funcionamiento del Poder Judicial en México, buscando una justicia más eficiente y cercana a los ciudadanos.
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