Con el propósito de establecer que, para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico, será necesario acreditar un curso, taller o diplomado sobre la perspectiva de género, emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o instituciones públicas afines, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) propuso reformar el artículo 5° de la Ley Federal de Defensoría Pública.
Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, también pide modificar el artículo 6° de dicho ordenamiento, para señalar que los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados tener capacitación en temas como las reformas a las leyes y la perspectiva de género, mediante cursos, talleres o diplomados, impartidos por instituciones públicas u otras afines a la materia.
Argumenta que existen instituciones que cuentan con ese tipo de diplomados y cursos sin costo, lo cual no perjudica al servidor público, sino que enriquece su formación y le dota de herramientas para que su defendida o defendido pueda acceder a la justicia.
Expresa que la preparación, capacitación y profesionalización de servidores públicos es necesaria para evitar la desinformación o poner en riesgo a la víctima de delitos de género, como es la violencia familiar.
“Una defensa errónea puede poner en riesgo a la persona que denuncia y mal informar sobre las medidas a tomar, regresar a la posible víctima a su domicilio, poner su vida en peligro y llegar a terminar en feminicidio, por no proceder con perspectiva de género desde el inicio”.
Destaca que es necesario “ponerse las gafas de género” para poder aplicar las leyes con equidad, sobre todo cuando se trata de servidores públicos.
Refiere que el avance en los cambios legales para alcanzar la igualdad de derechos entre todas las personas ha sido lento. Reconoció que el tema de género ha escalado en las últimas décadas, “pero de nada sirven las modificaciones si los servidores públicos encargados de impartir o buscar la justicia no tienen el conocimiento o la sensibilidad, ante estos temas”.
Sostiene que en la actual Administración las denuncias se han convertido en el mejor ejemplo de que se requiere tomar acciones, para que no queden en fases de investigación.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2019 y 2023, el delito que más se denunció fue el de abuso sexual, con 142 mil 486 carpetas de investigación; violación simple, 72 mil 179; acoso sexual, 41 mil 674; violación equiparada, 28 mil 437; y hostigamiento sexual, 11 mil 653.
“Son miles y miles de denuncias, casos sin resolver, personas que no tuvieron acceso a la justicia y ahí se queda en un mar de papeles y trámites burocráticos que no llevan a nada”, indica.
Por ello, para poder avanzar en todos los casos que involucran violencia de género, es necesario que los servidores públicos tengan la sensibilidad y empatía que se requiere, “pero sobre todo el conocimiento para defender, juzgar y representar con perspectiva de género a las víctimas”.
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