CÁMARA DE DIPUTADOS.- El diputado José Antonio García García (PAN) propuso reformas al Código Penal Federal para estipular que el delito de falsificación de documentos se comete “falsificando, adulterando o haciendo uso indebido de rúbricas en documentos de carácter público y privado con efectos jurídicos en materia laboral”.
Plantea sancionar a quien obligue o coaccione a algún trabajador, en cualquier momento de la relación laboral, a firmar documentos en blanco o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le imponga obligaciones a éste, con el fin de menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.
En los casos que el patrón o empleador sea un servidor público, añade, se le destituirá del cargo, además de la sanción estipulada en el artículo 243 del Código.
Actualmente, dicho artículo señala que “el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, busca adicionar las fracciones XI al artículo 244 y IX al artículo 246 del Código, para establecer sanciones de hasta 5 años de prisión. La propuesta, indica, tiene la finalidad de proteger, salvaguardar y otorgar certeza jurídica a las y los trabajadores de nuestro país.
Refiere que, si bien la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 48 Bis, inciso c) establece de forma expresa la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, “lo cierto es que dicha legislación no establece sanciones adecuadas y ejemplares que ayuden a desincentivar este tipo de prácticas ilegales y abusivas”.
Argumenta que lamentablemente en la actualidad persisten prácticas ilegales recurrentes que vulneran y menoscaban los derechos de los trabajadores, como la de obligar a los trabajadores a firmar una hoja en blanco para condicionar su admisión en un centro de trabajo, ya sea público o privado.
Esto, añade, es utilizado posteriormente como renuncia voluntaria que deja sin otorgarle las prestaciones de ley a los trabajadores, tales como el pago de indemnizaciones que corresponden a una liquidación adecuada.
Menciona que, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los despidos injustificados son la tercera parte de los casos que llegan a las juntas de Conciliación y Arbitraje, de los cuales 60 por ciento corresponden a renuncias forzadas.
Por ello, considera necesario contar con un marco normativo que establezca las herramientas jurídicas para la más amplia protección de las y los trabajadores.
AM.MX/fm
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