En la Cuarta Transformación de la República la lucha del Derecho y de la Justicia por oponerse y evitar los fenómenos de corrupción forma parte de una quimera jurídica.
La persistencia de esa utopía como proyecto de realización social en beneficio de nuestra Patria; durante la historia del neoliberalismo y de la política de ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador es una prueba irrefutable que el ideal de justicia ejerce en los políticos y gobernantes de añejas y actuales épocas, una atracción de proclividad a todos aquellos fenómenos de corrupción.
No obstante lo expuesto en líneas a retro, hay que decir, que existen profesionistas y empresarios mexicanos que en esencia defienden la economía de mercado, la globalización y que ellos están en contra de la intromisión, injerencia y manipulación del Estado en la política económica. Esos mexicanos de bien, estiman que el neoliberalismo y la política errada del Poder Ejecutivo Federal actual, se encuentra en una posición sobradamente anacrónica.
Veamos el porqué de ese buen pensar.
El Estado, como resulta de sobra bien sabido, durante el neoliberalismo se desprendió de monopolios con el objeto de entregarlos a grupos empresariales muy privilegiados y aventajados, las más de las veces mediante medidas arbitrarias, improcedentes, ilegales e inconstitucionales. Sus reformas jamás fueron liberales como infaustamente en su momento lo externaron.
Aquellas reformas, en opinión de conocidos empresarios y juristas desnaturalizaron lo que jurídicamente se entiende por una privatización. Ello no consiste en transferir empresas pertenecientes del sector público al privado. Lo que jurídicamente resulta aceptable sería una apertura de mercados, en otorgar la posibilidad de espacios a la competencia, para con ello eliminar o tratar de nulificar los fenómenos de corrupción, mejorando de manera radical los servicios. La competencia empresarial es una histórica forma que determina de manera fundamental la renovación.
Es muy sabido en Derecho que la privatización implica que una función o servicio público, se torne privada y quede sujeta a un control relativo e indirecto por parte del Estado, sin perjuicio de que éste pueda participar y competir en la prestación del mismo.
En opinión de esos reconocidos y verticales juristas empresariales, la entrega de monopolios públicos a monopolios privados, no tuvo razón de ser. El monopolio, según el leal saber y entender de dichos togados, es siempre fuente de ineficacia y corrupción.
Independientemente de ello existe una arista de vital importancia, que por desgracia, ni el neoliberalismo, ni el actual Primer Magistrado de la Nación han querido observar y que resulta ser: que la privatización debe de ser el instrumento para obtener una justicia social.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, obligada está en tratar de aclarar esa arista diciendo: En la privatización el Estado no debe de efectuarla con el objetivo primario de obtener recursos para sus arcas y disponer de esos peculios en programas populistas y electorales. A contrario sensu, el Estado debería de difundir de manera masiva, la propiedad, llevándola mediante empresarios e inversionistas a sectores sociales carentes de acceso a ella.
En la valiosa opinión de los referidos juristas empresariales, esa difusión seria el gran éxito de las privatizaciones en nuestro México, en donde la propiedad, lamentablemente, se ha convertido en privilegio en manos de unos cuantos; extender la propiedad privada a sectores más amplios y necesitados, harían sentir a los pequeños empresarios y a los inversionistas de ese sector, que las privatizaciones estatales serían en su caso, para mejorar los programas sociales y económicos de las clases medias y no para crear privilegios exclusivos a las clases pudientes.
Si el Estado llevara a buen puerto lo expuesto con antelación, resultaría ser todo un éxito, tanto social, económico, como jurídico; según esos abogados empresariales, si ello se aplicara a Petróleos Mexicanos, que es la empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural mexicana, se obtendría ipso facto la modernización, para con ello honrar los objetivos de aquél histórico decreto expropiatorio. Lamentablemente ello no se logra mientras los monopolios lo sigan desangrando; en el neoliberalismo fue su sindicato, en otros periodos políticos son aquellos técnicos o la clase privilegiada de sus corruptos funcionarios que dan perpetuidad a esos saqueos.
Ha llegado el momento en que Petróleos Mexicanos sea administrada por gente cabal y que dicha administración se aperture a los sectores sociales interesados y a los grupos empresariales desligados de la política y de los actuares de los fenómenos de corrupción. Ojalá ello se logre.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
