Por José Alberto Sánchez Nava
“La libertad de expresión es el árbitro incómodo de la verdad, el antídoto contra la impunidad y el aliento vital de la democracia. Silenciarla, so pretexto de comodidad o poder, no es más que el primer síntoma de la tiranía para blindar la corrupción.”
I.- introducción
En México, la crítica al poder se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Bajo la sombra de una Cuarta Transformación que prometió abrazar la libertad de prensa, se ha orquestado una sofisticada maquinaria de disuasión y castigo. Un fenómeno particularmente pernicioso es la judicialización de la crítica periodística y social, pervertida a través del uso espurio de figuras diseñadas para proteger a las mujeres, convertidas ahora en un escudo de impunidad para la clase política.
No se nos confunda: la lucha contra la violencia de género es una causa justa y necesaria. Pero su instrumentalización por parte de funcionarias que, lejos de cualquier vulnerabilidad, detentan un poder inmenso, es un cinismo que traiciona la esencia misma de esa lucha. Cuando una servidora pública es señalada por actos de corrupción, negligencia o abuso de poder, y su primera reacción es victimizarse alegando “violencia política por razón de género” para silenciar al mensajero, no defiende a las mujeres. Blinda la impunidad y vacía de contenido las causas progresistas.
II.- Protocolo
Ante este abuso premeditado de las instituciones –esencialmente aquellas autoridades jurisdiccionales cooptadas por el proyecto oficial–, el periodismo no puede darse el lujo de la ingenuidad. Debe actuar con la precisión de un cirujano y la fortaleza de un colectivo. He aquí un protocolo de resistencia:
- La Trinchera Jurídica: La Ley como Espada, no como Escudo
El contraataque debe ser impecable en forma y fondo. Todo material periodístico susceptible de ser judicializado debe construirse sobre tres pilares inquebrantables:
- Invocar el Interés Público Supremo. La Constitución es clara: toda persona tiene derecho a la información. La crítica no es contra la persona, sino contra la función pública que se ejerce. El lenguaje debe ser preciso: no se ataca a “X persona”, se investigan los actos de “la titular de la dependencia Y”. La servidora pública, por el hecho de serlo, aceptó someterse al escrutinio ciudadano. La nación se lo demanda.
- Exigir la Prueba de la “Malicia Efectiva”. La Corte y los tratados internacionales son nuestros aliados. No basta con que la funcionaria alegue un “daño psicológico”. Para que una crítica sea sancionable, la demandante debe probar de manera incontrovertida la falsedad del dicho y la intención dolosa de causar daño (el dolo). La carga de la prueba recae sobre quien calla la voz, no sobre quien informa.
- Enfatizar la Protesta Constitucional. Todo servidor público juró “desempeñar leal y patrióticamente el cargo”. La fiscalización periodística es la materialización de ese pacto social. Quien lo evade no solo evade la crítica: traiciona su propio juramento.
- La Estrategia Operativa: Precisión y Previsión
La mejor defensa es un oficio bien ejercido.
- Documentación Bélica. Cada publicación debe estar respaldada por un arsenal de pruebas: auditorías, documentos oficiales, testimonios grabados (con consentimiento), y fuentes verificables y múltiples. Los archivos no mienten.
- Lenguaje de Acero. Zero adjetivación gratuita. Hechos, datos, citas, cronologías. El periodismo es el oficio de contar verdades, no de lanzar opiniones. Un texto objetivo es un texto judicialmente a prueba de balas.
- Red de Retención Legal. Ningún periodista o medio debe actuar solo. La colaboración con despachos jurídicos especializados en libertad de expresión, con organismos como ARTICLE19 México, y con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es crucial. La preparación de amparos preventivos debe ser una práctica estándar.
- El Frente Colectivo: La Unión hace la Fuerza
El poder busca periodistas aislados. La respuesta debe ser un gremio compacto.
- Campañas de Pedagogía Social. Los medios deben explicar, con paciencia y claridad, la crucial diferencia entre violencia de género (abominable) y crítica política legítima (esencial para la democracia). La ciudadanía debe entender la trampa.
- Alianzas Estratégicas. El hostigamiento a uno es el hostigamiento a todos. La solidaridad debe ser activa: co-publicaciones, campañas en redes conjuntas, y fondos comunes de defensa legal. Un ataque a un medio de provincia debe ser sentido y respondido por los medios de la capital, y viceversa, de igual forma la protección se debe extender a la ciudadanía que se encuentre sujeta a procedimientos autoritarios condenando y limitando su libertad de expresión.
- Internacionalización Inmediata. La mirada internacional incomoda al poder. Los casos de judicialización abusiva deben elevarse sistemáticamente a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y a la ONU. Que el costo reputacional del acoso judicial sea altísimo.
III.-Conclusión:
La 4T ha creado un monstruo jurídico que usa la causa de las mujeres para proteger a los poderosos. Frente a esto, el periodismo mexicano debe dejar de ser reactivo y volverse estratégico, protocolizado y ferozmente unido. No se defiende solo el derecho a informar; se defiende el derecho de la sociedad a saber y a expresarse. Esa es la batalla final de cualquier democracia. Y es una batalla que no podemos permitirnos perder.
