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Arturo Zárate Vite
Se avecina una prueba de fuego en materia electoral para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado, relacionada con la calificación de la elección presidencial de 2024.
El 31 de octubre de este año los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles concluyen su etapa como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF), por lo que la Corte, en las próximas semanas, deberá proponer las ternas para que el Senado, en su periodo ordinario que arranca en septiembre, con el voto de las dos terceras partes de los asistentes a la sesión plenaria, elija a los dos sustitutos.
La Corte deberá presentar propuestas impecables y el Senado alcanzar la mayoría calificada para aprobarlos o aprobarlas.
Asunto crucial para la calificación de la elección presidencial del próximo año. Hay que ver lo que dicen los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El artículo 167 señala:
“Para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de la elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.
Con la salida de Vargas e Infante, la sala se quedaría con tres magistrados y dos magistradas (cinco), uno menos de lo que pide la ley.
De no ponerse de acuerdo los senadores, que hasta la fecha tienen pendiente más de 70 nombramientos y ratificaciones de servidores públicos, la misma ley ofrece una alternativa para estos casos: “la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad”.
¿Se escogería al de mayor edad o al de mayor antigüedad? Si bien dominan el tema electoral, serían emergentes, estaría claro que el poder legislativo nunca los seleccionó para estar en la Sala Superior.
En términos de ley estaría resuelto el problema de las vacantes, nada más que por lo competida que puede ser la elección presidencial, el tema sería controvertido, podría generar suspicacias y motivos en alguno de los partidos competidores para cuestionar la calificación.
El artículo 99 de la Constitución señala:
“La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”.
Por paridad de género, la Corte tendría que decidir si manda al Senado dos ternas de mujeres o una de hombres y otra de mujeres. En el primer caso, si fueran electas, el tribunal quedaría conformado de 4 mujeres y tres hombres. En el segundo caso los hombres seguirían siendo mayoría.
En los siguientes días la Corte deberá publicar su convocatoria para integrar las ternas, asegurarse de seleccionar a los más capaces, probos, especialistas en materia electoral y garantía de imparcialidad, para evitar que pudieran ser impugnados en el Senado, sobre todo ahora que no andan en su mejor momento las relaciones entre los poderes.
Además, en la actual legislatura, los senadores no se han caracterizado por ponerse de acuerdo para conseguir mayoría calificada y votar decenas de nombramientos pendientes.
La ley es muy clara, la Sala Superior del tribunal electoral requiere el voto de seis magistrados para calificar la elección presidencial y declarar presidente electo a quien resulte ganador.
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