Los que no somos autoridades, los que no nos dedicamos a los menesteres de la política, los que no detentamos, por fortuna, ningún puesto que nos confiriera una supuesta autoridad, los gobernados, el pueblo en general contamos con el arma más poderosa e inimaginable para combatir la arbitrariedad, la inexacta aplicación de la ley, la patularia ingobernabilidad. Ese escudo para preservar las libertades, lleva por nombre Estado de Derecho, el cuál nos permite combatir y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su régimen de constitucionalidad y de legalidad, defensas que podemos hacer valer en contra de esas autoridades mercenarias y provocadoras de la injusticia e ilegalidad, con ese armamento y con esa granada los mexicanos contamos con el medio para salvaguardar nuestro sistema de derecho, invadiendo, nulificando, venciendo o previniendo todo aquél acto de mal gobierno que pretenda lesionarnos o nos cause un agravio, no siendo óbice para ello la existencia de otras armas diferentes que tiendan a obtener un fin similar y que concierne en su momento a la exigencia de responsabilizar a las personas físicas que encarnan a esa autoridad, cuando su comportamiento indecoroso sea delictivo o notablemente ilegal.
El orden jurídico de nuestro México no solamente nos provee a los mexicanos, al pueblo, a los gobernados de aquéllos medios de derecho para impugnar, para combatir, para vencer aquellas actuaciones estúpidamente arbitrarias de los tres poderes de gobierno; sino que también nos establece un sistema para poder crear responsabilidades para todos aquellos patularios e indecentes sujetos políticos, sean ellos jueces o magistrados o llámense como se llamen y en quienes la ley les depositó un ejercicio concreto de poder y de imperio del Estado.
Sobra expresar, relacionado con ello, que para los mexicanos resultaría más benéfico, más útil, más claro, por sus propios y naturales resultados, hacer efectivos o valernos de medios jurídicos de impugnación en contra de esos actos autoritarios o arbitrarios para preservar nuestra esfera jurídica, en virtud de que con ese medio los efectos serían inmediatos y la consecuencia lo seria la invalidación de aquellos hechos violatorios a nuestro derecho y el corolario lógico jurídico lo sería la restitución del goce y disfrute del derecho infringido, pisoteado, violado, con ello y una vez satisfecho el interés del pueblo, del gobernado, del agraviado, al haber hecho valer la impugnación contra aquellos actos de autoridad, sean estos cometidos por el Presidente de la República o el polizonte de crucero o quien sea, pero que sea autoridad, poco le importaría al agraviado llegar a exigir una responsabilidad en la que en su caso hubiera incurrido el contumaz funcionario que haya actuado al margen del derecho o contra el derecho, con motivo de sus actividades violatorias, vejatorias o causantes de determinado agravio.
Para el México de hoy, para el espíritu del pueblo que se debe tornar altamente cívico, sin incurrir en innecesarias confrontas, las cuales solamente crean una división inútil entre nosotros, ahora se impone que el pueblo, que el gobernado, que el agraviado exija responsabilidad a aquellos mequetrefes y forajidos del derecho o ministriles que hayan perpetrado una falta, un agravio, una omisión o un delito en contra del pueblo o en contra de nuestro México.
Ahora que estamos armados, vamos da decidir hasta cuando les vamos a permitir sus latrocinios, sus políticas inadecuadas, sus perversiones, sus decisiones, sus pendej………..
Los arbitrarios, los indecorosos, los ignorantes, los omisos que actúan como autoridad, bien podrán ser una legión, pero con el pueblo armado, con la ley en la mano, se tiene la certeza de que la partida se encuentra igualada.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
