Por Aurelio Contreras Moreno
Luego que el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, Cristian Morales, declaró que el país vive una situación “extremadamente compleja” ante el impacto social y económico de la pandemia que ha registrado un sostenido –y hasta ahora, imparable- incremento en el número de contagios y fallecimientos, en el gobierno federal entraron en estado de histeria.
La respuesta del subsecretario de Prevención de la Salud y vocero gubernamental de la estrategia oficial, Hugo López Gatell, tomó el señalamiento –que no llegó siquiera a ser una crítica- casi como un agravio personal y salió todo el pasado fin de semana a repartir culpas entre los gobiernos estatales y, enfáticamente, entre la población que no ha seguido las recomendaciones de la autoridad.
Pero, ¿cuáles recomendaciones y de cuál autoridad?, cabría preguntarse. Porque uno de los principales problemas de dicha estrategia han sido las contradicciones en las que las propias autoridades incurren entre sí desde el principio de la emergencia.
¿O quién no recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador alentando a la población a salir de sus casas a consumir en negocios locales mientras él continuaba con sus giras por el interior de la República en pleno ascenso de la pandemia? ¿O a López Gatell afirmando que no se trataba de una emergencia de gravedad, por lo que no era necesario suspender concentraciones masivas? ¿O su desdén hacia el uso de cubrebocas como medida de prevención?
Pero quizás lo más grave ha sido la decisión del gobierno de poner fin a la “Jornada de sana distancia” y pasar a la etapa de desconfinamiento exactamente en el momento en el que la curva de contagios alcanzaba su mayor intensidad, lo que ha provocado que las infecciones –y por ende, las muertes- se multipliquen al nivel que han alcanzado a día de hoy: 304 mil 435 enfermos de covid-19 acumulados en todo el país, 28 mil 843 activos y lo más doloroso, 35 mil 491 personas fallecidas, con una tasa de letalidad de la enfermedad de 11.68 por ciento.
Ante este evidente desastre –sobre el que ni siquiera hace falta establecer comparaciones-, hoy el gobierno intenta cambiar el discurso y la estrategia de comunicación –porque la de salud y la económica siguen hasta ahora por la misma ruta-, y opta por administrar y restringir la información que se da al público, en particular la de la semaforización estatal, lo que no contribuye a que exista certeza entre la población sobre lo que puede y no puede hacer, y en dónde lo puede hacer.
Así, mientras en una ciudad veracruzana como Boca del Río el semáforo ya está en naranja, en un municipio conurbado puede estar al mismo tiempo en rojo, con una calle de diferencia entre una y otra localidad, lo que habla de la descoordinación y hasta de la ausencia de sentido común de las autoridades en un estado que mantiene una alta dispersión de la transmisión del virus y que, hasta el corte de la noche de este lunes, registra dos mil 23 fallecimientos por covid-19 y una ocupación hospitalaria al 64 por ciento de su capacidad total.
Es un hecho real que existe desidia, incredulidad, irresponsabilidad e ignorancia en amplias franjas de la población que se han resistido a acatar el confinamiento y a tomar medidas de prevención básicas. El caso del municipio de Xico, donde este fin de semana a la población le valió madre la pandemia y atiborró las calles para celebrar sus fiestas patronales a riesgo de provocar una proliferación de contagios, es revelador en ese sentido. Pero ante los hechos anteriormente expuestos, ¿de quién es la culpa?
Probablemente, a nadie pueda achacársele culpa alguna por los efectos devastadores de esta pandemia. Pero sin duda alguna, la responsabilidad de su agravamiento recae por entero en las actuales autoridades. Porque de eso y no otra cosa se trata gobernar. De tomar decisiones y asumir las consecuencias.
Por lo visto, es demasiado pedirles.
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