Por Aurelio Contreras Moreno
Supongamos que, en efecto, el actual gobierno de Veracruz no tuvo nada que ver con la excarcelación de ex funcionarios duartistas que la semana pasada indignó a la opinión pública y a los habitantes del estado.
Demos por buena la versión de que el yunismo los “chamaqueó” y dejó preparado cronométricamente un tinglado jurídico para que Mauricio Audirac, Francisco Valencia y Arturo Bermúdez obtuvieran su libertad en los primeros días de la administración de Cuitláhuac García Jiménez y a ésta se le cargara la culpa, como juran.
Bien. Lo que los veracruzanos demandan ahora es que los delincuentes que saquearon y hundieron en la más sangrienta violencia a la entidad paguen por lo que hicieron y no que, como parece, ahora tengamos hasta qué pedirles disculpas por haber dudado de su “probidad”.
Esto viene a colación por las maniobras legales que realiza el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para reducir aún más la ridícula sentencia de nueve años que se le impuso luego de que se declarara culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, acogiéndose a un juicio abreviado.
El ex mandatario preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tramitó un amparo ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal, que a su vez fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito. En este recurso, pide la cancelación de los acuerdos tomados los pasados 11, 15 y 16 de octubre, cuando le fue dictada la sentencia antes referida y contra la cual promovió un recurso de apelación que fue rechazado por un juez federal. De serle favorable el fallo, el juez de control tendría que admitir dicha apelación y turnar el caso a un tribunal, donde su condena podría ser ratificada, modificada o revocada.
Nos encontramos ante un escenario muy similar al del estado de Veracruz. Duarte de Ochoa busca alcanzar su libertad lo antes posible y hasta la restitución de las propiedades que le fueron confiscadas –como los lujosos ranchos “El Faunito” en Fortín de las Flores, y “Las Mesas” en Valle de Bravo, Estado de México- por medio de subterfugios legales y aprovechando que ahora sus acusadores ya no están en el poder.
Y decimos que aprovechando esa circunstancia, porque a quienes encabezan actualmente los gobiernos federal y estatal no parece quitarles el sueño que los crímenes cometidos en Veracruz entre 2010 y 2016 –y si nos apuran, desde 2004- puedan quedar impunes y que absolutamente nadie pague por los mismos.
Entre los discursos de los “chivos expiatorios”, el “show mediático” y el “perdón”, el nuevo régimen no ha dado traza alguna de buscar aplicar la ley a quienes le hicieron un terrible y más que evidente daño al estado. A pesar de tener ahora en sus manos los elementos para probar los desfalcos, el despilfarro y los excesos que en todos los órdenes se cometieron durante el fide-duartismo, hacen como que no ven, no saben y no entienden.
Más preocupado por su pleito con su antecesor directo, el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez pareciera darle una suerte de exoneración de facto anticipada a los duartistas, al negarse a continuar con las investigaciones.
“Yo no soy presidente de la República, yo no soy juzgador, un gobernador no puede juzgar ni investigar. Él puede exigir y en eso estamos. Lo dije desde antes, exigimos que se haga justicia, pero no una simulación como ello lo hicieron”, declaró García Jiménez.
Un gobernador no puede juzgar ni investigar, efectivamente. Pero sí aportar a los órganos correspondientes las pruebas de que disponga –que deben existir, se han documentado- sobre lo que sucedió en Veracruz los últimos años y dejar de excusarse.
Si no lo hacen y al final todos son exonerados, ¿quién podrá creerles que no fueron ellos los que pactaron con el duartismo? ¿Quién simula aquí entonces?
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