Por Aurelio Contreras Moreno
No bien dos de los principales organismos autónomos del país dictaron resoluciones -en cumplimiento de sus atribuciones- en contra de los intereses y decisiones del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, cuando éste les respondió con rabia desaforada, revelando por completo su objetivo de hundir a México en lo más ignominioso de su pasado.
Aunque ya lo había sugerido varias veces en otras oportunidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó espacio para la duda: su gobierno buscará desmantelar y desaparecer a los dos organismos autónomos que, sin exagerar, tutelan y le dan vida a la democracia en México: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Con el hígado en la mano, López Obrador bramó contra el Inai en su cada vez más patética conferencia mañanera, afirmando que en ese organismo “no hacen nada de nada y ganan mucho”, mientras anunciaba una reforma administrativa del Poder Ejecutivo para que las secretarías de Estado “absorban” las funciones de las instituciones con autonomía legal.
La razón de la inquina presidencial fue la decisión del Consejo del Inai de presentar –como era su obligación- un recurso de inconstitucionalidad contra la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligaría a todos los usuarios a entregarle al gobierno sus datos biométricos, lo cual para el organismo –y para una gran cantidad de expertos en telecomunicaciones y defensores de derechos humanos y digitales- es violatorio del derecho de las personas a la protección de sus datos personales.
De la misma manera, el nada oculto odio del régimen hacia el INE tiene que ver con la decisión de este órgano de aplicar las leyes electorales y las sanciones contra actos ilícitos que en su momento fueron exigidas por la propia izquierda comandada por… el mismo López Obrador, a quien esas leyes que promovió en el pasado para evitar la intromisión presidencial en los procesos electorales ya no le gustan, pues es él quien ahora descaradamente hace proselitismo en las campañas en marcha.
Apoyado en el sobado y ridículo pretexto de la “austeridad” y la “lucha contra la corrupción” –mientras, por ejemplo, el gobierno gasta estúpidamente millonadas en remodelar estadios de beisbol para complacer delirios tiránicos-, el régimen jura que la Secretaría de la Función Pública puede hacer el trabajo del Inai, mientras que plantea que las funciones del INE pasen al Poder Judicial. Argumentos sin sentido, pletóricos de ignorancia y sin asidero en la realidad.
Precisamente la naturaleza autónoma de estos organismos es la que les confiere su carácter nacional, por lo cual sus determinaciones afectan incluso a los tres poderes de la Unión y a las entidades federativas y los municipios, que junto con sus diferentes dependencias están obligados a acatarlas. Si se les desaparece y sus funciones las asume el Poder Ejecutivo, su competencia se reduciría a ese ámbito.
Pero no basta una reforma administrativa. La desaparición del Inai y el INE requeriría una reforma constitucional para la cual difícilmente el régimen de la “4t” reuniría los votos necesarios. Al menos por el momento.
Contra lo que ahora digan los cínicos detractores que se sirvieron de éstas para llegar al poder, instituciones como el INE y el Inai son fundamentales para garantizar la pluralidad política, la rendición de cuentas, el acceso al poder en condiciones de equidad y el derecho de los ciudadanos a saber lo que hace el gobierno con los recursos que no son de su propiedad, sino de todas y todos los mexicanos. Son garantes de la débil pero aún viva democracia que la pandilla cuatrera quiere asfixiar.
Cada vez más errático y autoritario, el presidente da manotazos en la mesa para intentar imponer sus prejuicios y resentimientos, así como su arcaica y anquilosada concepción del ejercicio del gobierno y del poder, en un país al que le costó décadas, sangre y vidas arribar a un estado de medianía democrática y de libertades individuales que hoy pretenden conculcar en aras de un proyecto ya a todas luces restaurador de lo peor del pasado autocrático de México.
Pero no nos engañan. No quieren ahorrar. Tampoco “defender al pueblo”. Mucho menos luchar contra la corrupción. Y no son demócratas. Solo quieren el poder absoluto.
La banda de los inútiles
Como si no tuvieran un sinfín de problemas que atender y resolver en sus demarcaciones, los gobernadores afines a la “cuarta transformación” –el que dice que gobierna Veracruz incluido- publicaron un ilegal desplegado desaprobando la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratificó la decisión de retirar las candidaturas a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero de Raúl Morón y el cinco veces acusado de violador y abusador sexual Félix Salgado Macedonio.
La respuesta en las redes a esta banda de inútiles fue más que elocuente: que se pongan a trabajar y dejen de entrometerse en los procesos electorales.
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