Todavía el 9 de enero más reciente, Jorge Carlos Ramírez Marín declaraba, en el estado de Guerrero precisamente, que el informe sobre las inmobiliarias y vivienderas involucradas en la tragedia que dejó sin hogar a millares de acapulqueños tras los embates de los huracanes Manuel y Raymond, en septiembre de 2013, ya estaba listo y que sólo faltaba darlo a conocer públicamente y presentar sus conclusiones a la PGR, para que esta procediera en contra de quien resultara responsable.
Pasaron los meses…
Todavía más meses desde que se comprometió a hacer público dicho informe.
Y es la hora y el día en los que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de la que Ramírez Marín es titular no se ha pronunciado al respecto.
¿Y sabe usted por qué?
Pues porque desde Los Pinos ya no han dejado que abra la boca el político peninsular Ramírez Marín.
Eso no obstante que, al principio del régimen, Ramírez Marín se había significado como uno de los “abridores” con mejor “saque”. Incluso, llegó a señalársele, por conocedores de prospectiva, como uno de los “papables”, hasta aquella aciaga declaración de hace un año sobre la nueva política urbanística que iba a adoptar el régimen y que descalificaba a las mayores empresas vivienderas (con orígenes mexiquenses) por construir en paramos alejados de las comunicaciones y servicios urbanos de los centros metropolitanos.
A las pocas horas, se esfumaban en la Bolsa de Valores el capital, los futuros y las grandes apuestas sobre la industria de la construcción mexicana, que había logrado el milagro de sostener el último año del fallido gobierno de Felipe Calderón arriba de un 3% del crecimiento del producto interno bruto. Acto seguido, la salida del país de miles de millones de pesos de ese sector destinados a apuntalar el empuje del empleo que necesitaba el nuevo equipo priísta.
Pero eso no fue lo grave. Lo catastrófico de la declaración es que fue el inicio de la parálisis del crecimiento que agobia a la economía.
Después vino el asunto veracruzano electoral de Sedesol, las elecciones en Baja California, la descomposición social en Michoacán, la pérdida del “momento mexicano”, el pretexto de la inflación, el del sobreendeudamiento provocado, por aquella autorización camaral del déficit, el subejercicio endémico que nos acompaña desde el inicio del sexenio y el miedo catatónico a la respuesta en inversión de los empresarios a la “legislación secundaria”, entre otros miedos.
A partir de la declaración de Ramírez Marín, que denostaba la política de la construcción, sin ofrecer remedio alternativo (habló de que el gobierno tenía reservas territoriales “suficientes”) destrozando al sector más importante para la creación de empleo, cualquier pretexto es bueno para que prevalezca el miedo sobre cualquier acción de gobierno y tal parece que así llegaremos mínimo al 2015.
Obviamente, con el miedo de los noveles políticos a la cantidad de órganos fiscalizadores, de rendición de cuentas y de transparencia que el propio gobierno ha creado, hasta con autonomía constitucional (y de gestión) yo creo que sin una hoja, ya no de ruta, sino de subsistencia.
La herencia de Ramírez Marín será inolvidable: de haber sido premiado –junto a su protectora, Beatriz Paredes– con la titularidad de una Secretaría que tenía el plan maestro mejor estructurado para reformar la distribución del territorio, de la capitalización y del crecimiento económico, paso a ser el detonador de los mayores tropiezos del sexenio.
Con razón decía el maestro Maquiavelo: ¡pobre del Príncipe que no tenga a la mano a quien echarle la culpa!
Índice Flamígero: El mismo discurso desde hace medio año: “A seis meses de las inundaciones que afectó a más de siete mil viviendas en los conjuntos habitacionales de Luis Donaldo Colosio en Acapulco, el titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, reveló que ya se entregó la investigación y alcanza a funcionarios de los tres niveles de gobierno,” relató hace un par de días el corresponsal de Milenio en Acapulco, Javier Trujillo.
