CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en su segundo informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre un avance en el combate a la delincuencia, Causa en Común subrayó el incremento en el número de carpetas de investigación durante los primeros 20 meses del presente gobierno, comparadas con los primeros 20 meses de las tres administraciones anteriores: 37% con relación al periodo del presidente Vicente Fox; 23% con respecto al periodo del presidente Felipe Calderón; y 16% con respecto al periodo del presidente Enrique Peña Nieto.
Sobre la disminución de feminicidios que el presidente dio a conocer, Causa en Común refiere que, de enero a julio de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 566; es decir, 29 más, lo que representa un aumento del 5% respecto el mismo periodo del año pasado. De hecho, en lo que va de este 2020 se presentó el mayor número de reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad desde que el Secretariado registra las víctimas de este delito, en 2015.
Causa en Común refiere que otro delito, cuyo incremento el presidente no mencionó, es el de violencia familiar. De hecho, en este año se presentó el mayor número de registros de este delito desde 2015.
El presidente también mencionó que “sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión”. Al respecto, cabe subrayar, no sólo el aumento en los homicidios dolosos, sino el nivel inadmisible en el que se encuentran, con un promedio de 99 asesinatos al día.
El presidente mencionó que hay menos secuestros, robos a transeúntes, a transportistas, robos de vehículos, robo en transporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocios y robo a casas habitación. Ante esta aseveración, la organización establece que, aunque entre el primer septimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020 se presenta una reducción en estos delitos, es claro el efecto de la pandemia que, obviamente, ha impedido la realización de actividades delictivas y ha dificultado enormemente la denuncia.
La organización mencionó que es falso, como lo aseveró el presidente, que en el país ya no existan torturas, desapariciones, ni masacres. De hecho, en un conteo de eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”, realizado de enero a julio de 2020, Causa en Común ha registrado 429 masacres y 404 casos de tortura, así como un total de, al menos, 2,582 hechos “atroces”, con 3,383 víctimas.
También debe subrayarse el asesinato de siete periodistas en lo que va del año: de Fidel Ávila Gómez y Luis Eduardo Ochoa, en Michoacán; de María Elena Ferral, en Veracruz; de Víctor F. Álvarez, en Guerrero; de José Castillo Osuna y Jorge Armenta, en Sonora; y de Pablo Morrugares, en Guerrero.
Posicionamiento
A pesar de esta crisis de inseguridad, Causa en Común considera que no existe una estrategia por parte del gobierno federal para enfrentarla eficazmente.
En julio pasado, se publicó el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”. Este plan debiera ser el “plan de acción” en materia de seguridad. Sin embargo, se trata de un documento con frases retóricas y lugares comunes, no ofrece una estrategia y tampoco acciones puntuales.
A pesar del discurso gubernamental sobre la atención a las causas de la violencia, e independientemente de las asignaciones directas, no existe ningún programa que pueda considerarse como parte de una política de prevención. También destaca el abandono de programas para la atención de la violencia contra las mujeres.
En el ámbito de desarrollo institucional, continúa el abandono de las policías locales. Entre 2019 y 2020, el presupuesto para seguridad pública aumentó únicamente 1.2% ($2,824 MDP), representando .9% del PIB. El monto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados (FASP), tuvo un aumento minúsculo de 0.4% entre 2019 y 2020; mientras que el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG), se redujo en un 3% con respecto a 2019 para los cerca de 300 municipios seleccionados. Quizá el principal indicador de la indefensión de las corporaciones es el número de asesinatos de policías: de diciembre de 2018 a agosto de 2020, Causa en Común tiene registrados, al menos, a 877 policías asesinados, tanto estatales como municipales.
El abandono institucional incluye a las fiscalías y al sistema penitenciario. En ninguna de estas esferas esenciales para cualquier política de seguridad, existe proyecto alguno de reforma, ni inversión pública que pudiera respaldarlo.
En cuanto a la militarización, a casi dos años de la creación de la Guardia Nacional, y a más de un año de haber iniciado su operación, la realidad demuestra que es una corporación con todas las características de un cuerpo castrense, cuya construcción y desarrollo están liderados por la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta manera, las funciones de la Guardia se suman a las diversas atribuciones conferidas durante este gobierno a las Fuerzas Armadas. La última disposición en este proceso de militarización acelerada ha sido conferir el control de las aduanas al Ejército, y el control de los puertos a la Marina, disposición a todas luces inconstitucional, pues vulnera el artículo 129 que dispone que, en tiempos de paz, no se asignarán funciones civiles a autoridades militares.
Las víctimas continúan también en el abandono y, a pesar de las enormes carencias con las que debía operar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el decreto presidencial de ‘austeridad’ de abril de 2020, le impuso, como al resto de las estructuras del gobierno y del Estado, una reducción en su presupuesto del 75%. En la práctica, la CEAV, no tiene posibilidad alguna de operación.
Por más que se insista, no hay nivel de propaganda capaz de ocultar estas realidades.
AM.MX/fm
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