En pleno siglo XXI, donde la economía global gira en torno a datos, conectividad y velocidad, los países que marcan la pauta no son los que más regulan, sino los que mejor habilitan. Brasil, Corea del Sur, India y hasta Estonia entendieron que el desarrollo tecnológico no se decreta: se construye con apertura, certidumbre y colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil. En México, la pregunta es obligada: ¿vamos hacia allá o seguimos apostando por el modelo de “papá gobierno sabe más”?
Con la propuesta de nuevas leyes en telecomunicaciones y mejora regulatoria, México tiene una oportunidad histórica. Pero una oportunidad mal gestionada puede convertirse en un freno estructural. La intención de simplificar trámites, centralizar servicios digitales y fortalecer el control estatal sobre los datos personales puede ser vista como modernización… o como vigilancia disfrazada.
La creación de plataformas como “Llave MX”, vinculadas a datos biométricos, y la supresión de órganos reguladores independientes como el IFT, abren un debate que no podemos ignorar: ¿gobernanza digital o burocracia digitalizada? ¿Simplificación o concentración? La diferencia está en la ejecución y, sobre todo, en el nivel de confianza que seamos capaces de construir.
En el escenario internacional, las democracias tecnológicamente avanzadas están haciendo justo lo contrario: descentralizan, abren datos, fomentan la interoperabilidad entre plataformas y alinean al Estado con el ciudadano digital. Corea del Sur, por ejemplo, opera bajo un modelo de “gobierno plataforma” donde los datos no son un botín político, sino un bien público compartido.
Y no es un capricho ideológico. Según datos del BID Invest y NTT Data, solo un aumento del 10% en conectividad móvil puede elevar el PIB en 1.6%. Y lo mismo aplica a la productividad, el empleo y la competitividad global. En contraste, las reformas que introducen incertidumbre, criterios poco claros o dobles ventanillas regulatorias pueden costarle al país hasta 76 mil millones de pesos anuales. ¿Dónde está entonces el incentivo para invertir en infraestructura digital?
Esto no es una cruzada contra el gobierno. Es un llamado a que el Estado sea un facilitador de innovación, no un administrador de permisos. La industria tecnológica mexicana —y con ella millones de usuarios— necesita reglas claras, órganos imparciales y colaboración multisectorial, no una vuelta al centralismo del siglo pasado.
México tiene el talento, el mercado y la oportunidad para liderar en telecomunicaciones e innovación digital. Lo que falta es alinear visión con ejecución. Si en vez de sembrar control sembramos confianza, y si en vez de reconfigurar para consolidar poder lo hacemos para habilitar capacidades, el futuro puede ser tan brillante como los países que hoy encabezan la revolución tecnológica.
Porque la verdadera soberanía digital no se impone. Se construye.
