Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
No fue inesperado que la Junta de Gobierno terminara aprobando la ilegal “prórroga” automática que, sin estar contemplada como una opción específica en ninguna norma interna de la Universidad Veracruzana, solicitó Martín Aguilar Sánchez para enquistarse en la rectoría otros cuatro años, a pesar de que ya no cumple con el requisito de la edad ni tiene mérito alguno para seguir ahí.
Desde que se supo de la intención de torcer la ley para que el peor rector de la historia de la Universidad Veracruzana se quedara otros cuatro años sin someterse al escrutinio de la comunidad universitaria, impidiendo que otros aspirantes pudiesen postularse en su legítimo derecho, era previsible que los perpetradores tenían la decisión tomada y que todo lo demás sería una simulación, muy al estilo de la “4t”, para darle algún aire de legitimidad a lo que, en los hechos, es una burda imposición.
Así fue. Martín Aguilar y sus “cilindreros” se “interpretaron” un supuesto “derecho” a prorrogar de manera directa un periodo rectoral, lo cual no existe en ninguna de las leyes internas invocadas para “sustentar”, falazmente, este gigantesco fraude a la legalidad.
Si bien se incluye en las leyes orgánica y de autonomía que el periodo de un rector puede prorrogarse una sola vez, en ningún lado se establece que pueda hacerse a petición del interesado y de manera directa. En cambio, las normas de la UV marcan cuál es el procedimiento para el cambio de periodo en la rectoría, que comienza con la emisión de una convocatoria y la inscripción de todos los interesados en participar. Precisamente, lo que Aguilar y su hoy fraudulenta Junta de Gobierno evitaron a toda costa.
Pero no obstante lo anterior, lo hicieron de la manera más desaseada posible. Por principio de cuentas, desoyeron las voces de la comunidad universitaria que exigían apegarse a la legalidad, en especial, a las que se expresaron claramente y de frente durante la sesión del Consejo Universitario General y que en su cara le dijeron a Martín Aguilar “¡Prórroga No!”.
Además, se inventaron un procedimiento de supuesta “consulta” a la comunidad UV que tampoco cuenta con sustento legal alguno. En ninguna normatividad se contempla la opción con la que la Junta de Gobierno pretendió legitimar la decisión que ya tenía tomada.
Y ni así lograron darle ni un gramo de autenticidad a ese montaje. De acuerdo con los datos dados a conocer por la propia Junta de Gobierno, en la “consulta” hechiza participaron en total dos mil 839 personas, de la cuales, las que “aprobaron” la continuidad de Martín Aguilar fueron mil 676, lo que representa el 1.65 por ciento del total de la comunidad universitaria en las cinco regiones del estado de Veracruz. Un completo fiasco. Estilo elección judicial.
No es todo. De esas personas que participaron en la simulación de consulta y avalaron la prórroga, la mayoría lo hicieron bajo coacción, con la amenaza de la pérdida de prestaciones y del empleo mismo, para lo cual la rectoría contó con la complicidad de los sindicatos, principalmente el de los académicos, el Fesapauv, cuyo sempiterno líder Enrique Levet Gorozpe, transó con Aguilar. Finalmente, fue una muestra cruda y en tiempo real de cómo se ha sostenido al frente del organismo gremial durante más de tres décadas.
El culmen del descrédito y el desprestigio lo aportó directamente la Junta de Gobierno. Dos de sus integrantes, las académicas María Angélica Buendía y Haydeé Zizumbo Ramírez, se negaron a avalar la imposición de Martín Aguilar y en los días previos renunciaron a ese cuerpo colegiado, que operó más bien como una pandilla mafiosa para consumar el golpe a la Universidad Veracruzana.
Los aspirantes a la rectoría desplazados llamaron a una protesta para este miércoles por la mañana afuera de la rectoría. De su poder de convocatoria, las acciones que decidan tomar y el apoyo que reciban dependerá el futuro mismo de una institución que hoy es rehén de un grupo político abiertamente afín al régimen, con todo lo que eso implica.
Si la comunidad no responde con la contundencia que amerita el caso, la Universidad estará perdida y se merecerán tener otros cuatro años no solo a un rector pusilánime, sin talento ni capacidad, sino a uno que es capaz de poner en riesgo a estudiantes, académicos y personal administrativo solo por hacerse el “macho”, como sucedió este fin de semana cuando se pasó por el “arco del triunfo” la suspensión de clases decretada por el gobierno estatal, y las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales se inundaron por las fuertes lluvias que azotaron Xalapa y que estaban pronosticadas.
Pero por encima de todo, tendrán un rector espurio, cobarde y violador de la ley.
Nahle, damnificada del affaire UV
Si la gobernadora Rocío Nahle no se hubiese pronunciado en ningún sentido sobre la sucesión rectoral –como le correspondía haber hecho-, nadie tendría algo que reclamarle, pues habría respetado la autonomía de la Universidad.
Pero sí lo hizo y se manifestó a favor de que se respetara la legalidad y se cumpliera con el requisito de la edad para el rector que entra en funciones, claramente en contra de la permanencia de Martín Aguilar.
La decisión de sostenerlo –ilegalmente-, representa un golpe político durísimo para la gobernadora. No solo porque no la pelaron, sino porque el “cilindrero” detrás de Martín Aguilar es el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien le disputó a Nahle la candidatura de Morena a la gubernatura y, en términos estrictos, se la ganó. Solo que hubo un “dedito” que la señaló a ella.
Nahle quedó evidenciada en su debilidad política ante su principal adversario que, contra lo que muchos piensan, no se apellida Yunes.
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