En México, el sistema de justicia enfrenta severas críticas por las decisiones judiciales que favorecen a poderosos implicados en casos de corrupción y crimen organizado, perpetuando así la impunidad en el país. A través de múltiples casos documentados, se evidencia cómo altos funcionarios y políticos han eludido la justicia gracias a fallos judiciales controvertidos.
Uno de los casos más destacados es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y falsificación de documentos. En México, el juez Gerardo Genaro Alarcón López desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra García Luna, alegando falta de pruebas contundentes, decisión que fue ratificada posteriormente por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación.
Jannet Miriam Martínez Sánchez, exfuncionaria relacionada con García Luna, también fue beneficiada con la revocación de medidas cautelares que permitieron su liberación, a pesar de estar acusada de participar en un esquema de corrupción millonaria.
El caso emblemático de Ayotzinapa tampoco escapa a esta ola de impunidad. Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, fue trasladado a prisión domiciliaria bajo el argumento de problemas de salud, a pesar de su presunta participación en la manipulación de la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, involucrado en el mismo caso, obtuvo un amparo que modificó sus medidas cautelares, permitiéndole enfrentar procesos judiciales desde su hogar.
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante la administración de Peña Nieto, fue absuelta del desvío de millones de pesos destinados a programas sociales, debido a supuestas violaciones al debido proceso.
Emilio Lozoya Austin, figura clave en el escándalo Odebrecht y en la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados, ha obtenido varias suspensiones que han relajado las medidas cautelares en su contra, a pesar de las acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
Otros casos incluyen a Juan Collado, abogado de altos funcionarios y expresidentes, y a políticos como César Horacio Duarte, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, entre otros, quienes han encontrado en el sistema judicial un aliado para evitar responsabilidades penales.
Con información de Contralínea
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