Joel Hernández Santiago
El jueves 28 de abril el Ejecutivo mexicano envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma Electoral. En ella plasma su voluntad de cambiar algunos de los instrumentos, leyes, regulaciones, formatos, estructuras e instituciones que tienen que ver con lo electoral en todo el país.
Está bien. En un país en el que la democracia sigue siendo una aspiración porque aún no se ha consolidado, resulta bueno saber qué propone un segmento de quienes habitamos este país. Sobre todo si ese segmento es el gobierno y si ese gobierno quiere mejorar las condiciones de vida y de participación de la población, para la preservación nacional.
Esto es: No se entendería la propuesta de una iniciativa de reforma electoral si no fuera porque quien la propone quiere mejorar la calidad de nuestros procesos electorales, garantizar su probidad y transparencia como su seguridad, así como también para fortalecer la democracia y dejar actuar los distintos puntos de vista, las diferentes doctrinas políticas o proyectos de nación.
Una democracia se nutre, precisamente, de las distintas opciones que se presentan al ciudadano para que de acuerdo con su criterio y sin coacción de ninguna especie, decida qué es lo que quiere para su vida, para su entorno social y para su país todo. Y una vez que analizó con rigor cada una de las propuestas que a través de los partidos políticos se le hacen, entonces podrá tomar su decisión y podrá utilizar su más alto capital político individual: su voto…
Y este voto tiene que ser meticulosamente cuidado, protegido, contabilizado exacto y a salvo de que se le dé un mal uso para fines distintos a los que se propuso el ciudadano que lo aportó.
Con esto podrá garantizar que la propuesta política de cada ciudadano, uno por uno, será tomada en cuenta en todos sentidos: en primer lugar, si gana su opción partidaria, entonces podrán exigir el cumplimiento del acuerdo para que sus representantes llegaran al mandato. Porque eso es: reciben un mandato del mandatario, que es el ciudadano.
Si no gana su propuesta, deberá ser beneficiario por igual de las propuestas del gobierno o estamento político que ganó la elección. Porque el gobierno es de todos y para todos por igual. Así que la democracia funciona porque gana la mayoría, pero el todo se beneficia: no hay ni debe haber exclusiones de ninguna naturaleza.
Pero el gobierno de la 4-T ha decidido –como lo había anunciado ya hace mucho tiempo y con mayor énfasis luego de los resultados de la Consulta para la Revocación de Mandato—que es tiempo de modificar las reglas de lo electoral en México.
En primer lugar es evidente que cumple y re cumple su insistencia en querer desaparecer al Instituto Nacional Electoral, como es y como está estructurado ahora mismo. Dice el promotor de la Reforma Electoral que esto se debe a que el INE ha perdido la confianza ciudadana. Que a los consejeros se les tendrá que reducir en número y que éstos deben ser elegidos mediante la participación ciudadana. Aunque apenas esboza cómo podrán participar los aspirantes a consejeros electorales y quién y cómo serán propuestos para esa responsabilidad. No creemos que sea para beneficio del partido político en el gobierno. No.
El existe el resigo grande que esto de anular al INE tiene un sesgo muy particular porque, que se sepa, los ciudadanos en general no han pedido la modificación y mucho menos la desaparición de este Instituto que nos garantiza transparencia y rigor en los procesos electorales mexicanos. De hecho fue este Instituto quien llevó a cabo la elección de 2018 y dio a conocer el resultado que fue favorable a la coalición “Juntos haremos historia”. Hoy preside al país.
Desaparecer al INE en su actual espíritu, en su actual estructura, funciones, responsabilidades… sería un error grave porque pondría en manos de intereses de partido el manejo de un tema tan serio y de tanta hondura como es lo electoral, la supervisión de los partidos políticos y sus operarios para evitar lo que hemos visto reciente en abusos y extralimites.
No fracturar a nuestra democracia y a nuestros procesos electorales con una decisión de esta naturaleza obligará a una participación masiva en defensa del INE y eso –participar para exigir su preservación- también es democrático.
Si. Probablemente habría que hacer ajustes que lo fortalezcan aún más. Pero no inducir a que los ciudadanos supongan que este Instituto es enemigo de la nación, así como se acusó a los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica en su pleno derecho.
En lo que respecta a federalizar las elecciones resulta en un tema aparte. Porque desaparecer las OPLES y los Tribunales Electorales estatales obligará a la centralización de lo electoral. No es bueno en una República integrada por estados soberanos que tienen vida política propia y aspiraciones de identidad y de preservación estatal.
De todos modos si se federaliza lo electoral se tendrán que crear delegaciones del INE en los estados para llevar a cabo las tareas electorales, lo que significará de otro modo, lo mismo.
Ya veremos adelante cómo queda lo de los diputados plurinominales de los que se propone su desaparición. Si. Es probable. Pero no se dice cómo se sustituirá esa representación legislativa que garantice la pluralidad política necesaria en la toma de decisiones que afecten al país de casi 130 millones de habitantes.
Ya veremos, paso a paso qué sigue. Por lo pronto sí. Importa que el INE siga, fortalecido y garante de nuestros procesos electorales con miras a consolidar nuestra democracia.
