Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Recuerdo nítidamente el día que asesinaron a Regina Martínez. Me encontraba en un concierto cuando un amigo mutuo me escribió para darme a conocer la funesta noticia. La música se apagó en ese momento en mi cabeza y no hice más que llorar el resto de la noche.
Los siguientes días fueron inenarrables. Sus amigos y conocidos del gremio y el medio político y social al que daba cobertura con su trabajo periodístico pasamos del estupor a la rabia, del dolor al reclamo porque el crimen no quedara impune, que es precisamente lo que el gobierno quería que sucediera.
El inconmensurable cinismo del régimen de Javier Duarte de Ochoa –que para entonces ya tenía a Veracruz vuelto un infierno de violencia- alcanzó uno de sus niveles más siniestros con este crimen: primero se atrevió a enviar flores al funeral de Regina; luego, “investigó” sin investigar nada y su procurador, Amadeo Flores Espinosa, se inventó una historia inverosímil de supuesto “crimen pasional” y por robo a manos de un malviviente –que muy convenientemente desapareció desde entonces- no solo para cerrar el caso, sino para revictimizar y calumniar a la periodista valiente e incómoda.
El relato inaceptable del gobierno de Duarte sobre el asesinato de la ex corresponsal de Proceso en Veracruz Regina Martínez sigue siendo la versión oficial del caso, que no ha sido reabierto a pesar de las promesas de las dos administraciones estatales que ya le sucedieron e incluso de las del propio presidente actual, quien conoció a la periodista.
Nunca se han investigado como posible móvil del crimen sus reportes periodísticos publicados en el semanario Proceso, en los que dio cuenta en aquel momento de presuntos nexos con el crimen organizado del gobierno de Fidel Herrera Beltrán. El cuento del “novio malandro” y drogadicto continúa siendo la “verdad jurídica” de un caso lleno de inconsistencias, complicidades y suciedad.
En diciembre de 2020, nuevos datos sobre la manipulación de la Procuraduría duartista salieron a la luz en un reportaje publicado por el colectivo Forbidden Stories, que si bien adolecía de varias inexactitudes en cuanto a nombres, cargos y fechas, proporcionó el testimonio de una ex funcionaria relacionada directamente con el caso: la ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Laura Angelina Borbolla Moreno.
Borbolla afirmó que “en toda mi carrera nunca había visto una escena del crimen tan alterada” al referir que, entre otras irregularidades, “la policía local había aplicado una cantidad excesiva de polvo revelador y deterioró las huellas digitales encontradas en los objetos de la casa” con toda intención. “No fue un accidente. Revelar huellas correctamente se aprende en primer año de criminología y este error no ocurrió solamente una vez”, señaló Laura Borbolla en ese reportaje.
A pesar del revuelo causado en ese momento y de las promesas del actual régimen por reabrir el caso, el silencio lo volvió a envolver. Y así sigue hasta la fecha, cuando están por cumplirse este jueves 28 de abril diez años del asesinato que, bajo los parámetros actuales, además de constituir un ataque a la libertad de expresión, bien se le podría considerar como un feminicidio. La violenta saña con que le fue arrebatada la vida a Regina Martínez no deja lugar a dudas del odio implícito.
Odio que hoy se reproduce, como entonces, hacia todo el gremio periodístico en México, que sigue siendo el eslabón más débil y vulnerable en el entramado de lo público, atrapado entre los intereses de los políticos –de todos los signos partidistas- y el crimen organizado que, antes como ahora, han dejado de diferenciarse unos de otros.
Han transcurrido diez años de impunidad y de una violencia contra los periodistas perpetuada por la indolencia, la incompetencia y la complicidad, a pesar de lo cual, el clamor de justicia permanece. No te olvidamos, querida Regina. Nunca te podrán callar.
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