La administración de Claudia Sheinbaum reinstaló a María del Rocío García Pérez como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a pesar de que en 2022 fue acusada de exigir “moches” a trabajadores del organismo.
Durante su gestión anterior, entre 2018 y 2022, García Pérez fue señalada por pedir a los empleados entre el 3% y 4% de su salario para cubrir las necesidades operativas del DIF, afectadas por las políticas de austeridad impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según testimonios de trabajadores, los pagos comenzaron en marzo de 2019 y quienes se negaban eran amenazados con perder su empleo. García Pérez justificaba las exigencias asegurando que tenía cercanía con López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Durante juntas internas, compartía detalles privados de la pareja para respaldar su supuesta influencia.
Los trabajadores presentaron una denuncia anónima ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en noviembre de 2020. Sin embargo, la investigación oficial inició en abril de 2021 y se cerró en julio del mismo año por “falta de pruebas”. Tras la controversia, García Pérez dejó su cargo en enero de 2022, siendo sustituida por Nuria María Fernández Espresate, quien lideró el DIF hasta el 30 de septiembre de 2024.
Pese a las acusaciones, García Pérez permaneció en el sector público como subsecretaria de Bienestar, donde mantuvo un perfil bajo. Ahora, tras su reincorporación al DIF, agradeció la confianza de Sheinbaum y prometió desempeñar su rol con “responsabilidad, empeño y entrega”.
El DIF, fundado en 1972 por Carmen Romano, esposa del expresidente José López Portillo, tiene como misión promover el bienestar de niños, adolescentes, familias y comunidades, así como proteger los derechos fundamentales de la infancia.
Con información de LatinUs
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