En México, la reciente aprobación de una legislación para regular el uso de drones, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada con 419 votos en la Cámara de Diputados, representa un esfuerzo para abordar un problema creciente. Con 605 ataques registrados entre 2020 y 2023, el uso ilícito de drones ha escalado a un nivel alarmante, afectando principalmente a los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
La iniciativa que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece penas severas para el uso indebido de drones. Estas incluyen penas de prisión de 15 a 40 años y multas de 400 a 1,200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para delitos graves, y penas de 10 a 20 años para actos de terrorismo, espionaje o ataques a la seguridad pública. Sin embargo, esta rigurosidad penal genera preocupaciones sobre el impacto en la libertad de los ciudadanos y periodistas.
Una preocupación que se ha escuchando entre algunos críticos es que esta ley podría ser utilizada para perseguir a periodistas y proteger a políticos de la vigilancia de drones. Argumentan que, bajo la sombra de la seguridad, esta legislación podría convertirse en una herramienta para limitar la libertad de prensa, impidiendo a los periodistas utilizar drones como herramientas de investigación y reportaje. Esta perspectiva resalta la delicada línea entre proteger la seguridad pública y preservar las libertades fundamentales en una sociedad democrática.
A nivel internacional, la regulación del uso de drones revela una diversidad de estrategias y desafíos. En países como Austria y Alemania, se ha logrado un equilibrio entre promover la innovación y garantizar la seguridad, con regulaciones que incluyen permisos y restricciones en áreas específicas. Por otro lado, en Indonesia, se han impuesto sanciones severas para controlar el uso indebido de drones. Otros ejemplos incluyen a Francia y los Países Bajos, donde se han establecido límites estrictos en la altitud de vuelo y restricciones en áreas pobladas. En Estados Unidos, la regulación se enfoca en el registro y la responsabilidad de los operadores. Estos contrastes internacionales subrayan la importancia de una legislación cuidadosa y adaptada a las necesidades y realidades de cada país.
En México, la clave para una regulación efectiva de drones radica en una implementación que proteja la seguridad sin reprimir la libertad. La nueva legislación debe ser inteligente y estudiada, equilibrando la prevención del crimen con el respeto a los derechos civiles. El Senado de la República, que tiene pendiente discutir la legislación, tiene la responsabilidad de garantizar que esta regulación no se convierta en un instrumento de control gubernamental.
El futuro de México en la era digital depende crucialmente de cómo manejemos la regulación de tecnologías emergentes como los drones. Este momento representa una oportunidad para definir el legado de nuestra nación en términos de innovación, seguridad y libertad. La manera en que abordemos hoy la regulación de los drones y otras tecnologías no solo afectará nuestra seguridad actual, sino que también determinará cómo respetamos y protegemos nuestros derechos en una sociedad cada vez más influenciada por el avance digital. Es imprescindible empezar ahora a forjar un camino que equilibre estos elementos.
