Reprueba EPN evaluación de la OCDE

Javier Peñalosa Castro

El régimen de Enrique Peña Nieto está empeñado en evaluar (cualquier cosa que ello signifique) a los profesores de educación pública en el país. Al parecer, lo más importante no es capacitar a los maestros en activo e incentivarlos para que mejoren su desempeño, sino combatir cualquier disidencia, estandarizar los criterios de evaluación y, en suma, cumplir con la “tarea” que le imponen entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

México se convirtió en 1994, en las postrimerías del salinato, en el miembro número 25 de la OCDE, que agrupa a los países más ricos del orbe. Sin embargo, durante los más de 21 años transcurridos desde entonces, sólo ha sido noticia cuando se da a conocer que ocupa los últimos lugares entre las naciones evaluadas en diversos rubros vinculados con el desempeño económico y la calidad de vida de sus habitantes. Sólo esporádicamente, nuestro país supera a Turquía en esta competencia, para subir al penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Esta semana, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría —canciller y secretario de Hacienda durante el régimen de Ernesto Zedillo—, en declaraciones propias y a través de la divulgación de estudios realizados por esa organización, ha advertido que México es actualmente el país más desigual de la OCDE, y anticipa que hace falta “una segunda ronda de reformas estructurales”, orientadas, entre otras cosas, a reducir las pensiones de quienes están amparados por la ley de 1997 de 100% a 60%, así como duplicar las aportaciones de los trabajadores al SAR y aumentar la edad de la jubilación. Afortunadamente —al menos hasta hoy— no existe la retroactividad en la ley en detrimento de las personas.

La OCDE resalta que ha habido avances en los rubros de salud pública, servicios básicos y vivienda, pero advierte que “se requieren mayores esfuerzos” en áreas como educación, seguridad, calidad de los empleos y reducción de la pobreza. Ciertamente las instituciones y los especialistas mexicanos en salud constituyen un baluarte para el país y su gente, pero éste no fue edificado por Peña y sus secuaces, sino que es fruto de un proceso iniciado a principios del siglo XX y continuado hasta nuestros días. En cuanto a otros servicios, si bien han mejorado algunos de ellos, en términos generales, han aumentado precios y tarifas en detrimento del bolsillo de los mexicanos. Lo mismo ocurre con la vivienda, sector en el que el Estado sacó el bulto a su obligación y dejó los créditos en manos de los bancos, a ciencia y paciencia de instituciones como el Infonavit y el Fovissste, que simplemente se convirtieron en intermediarios o avales.

La educación, prioridad desatendida

En lo que concierne a otro de los rubros más relevantes tanto para los indicadores de la OCDE como para el bienestar de los mexicanos, el de la educación pública, el flamante gerente de este sector llegó con ánimos de perdonavidas a ocupar una de las posiciones que durante muchísimos años había sido una de las más prestigiosas del gabinete Presidencial, si bien no la más rentable en términos de activos políticos. En los pocos días que tiene en el cargo, Aurelio Nuño se ha caracterizado por sus posiciones obcecadas, intransigentes y carentes de imaginación para impulsar un verdadero cambio en este sector que lo pide a gritos.

A raíz de que cumplió su sueño de estar entre los aspirantes a la silla presidencial en el 2018, este personaje tan lejano de la educación pública,  no ha hecho sino distribuir cotos de poder, amenazar a los maestros —disidentes o no— y repetir los mensajes clave que le han dictado los “especialistas” en imagen pública para empezar a construir su eventual candidatura.

En empleo, seguridad y combate a la pobreza, las metas son inalcanzables

En lo que respecta a la calidad de los empleos, el discurso de la OCDE raya en la esquizofrenia, pues por un lado propone reducir los montos de las pensiones, elevar las cuotas que pagan los jóvenes para tener derecho a la jubilación y exigir más años de trabajo para lograr un retiro digno. No se ve cómo, de esta manera, vaya a mejorar en alguna medida el bienestar de la fuerza laboral mexicana.

Por otra parte, en lo que se refiere a la seguridad —o al menos la reducción de la violencia—, la meta parece cada día más remota. En tanto, la pobreza extrema, lejos de haberse reducido, ha aumentado durante los tres años que llevamos del régimen peñista.

Otras grandes asignaturas pendientes del gobierno actual son la transparencia y el combate a la corrupción. En este ámbito, destaca la decisión de Peña de resucitar a la extinta Secretaría de la Función Pública expresamente para que lo exonerara por la cuestionada y cuestionable adquisición de una propiedad a través de Grupo Higa —, contratista de cabecera de su administración como gobernador del Estado de México y en lo que va del sexenio, así como para deslindar de otra operación inmobiliaria igualmente opaca y sospechosa a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en naciones latinoamericanas como Brasil e incluso Guatemala, no cabe esperar que se abra una investigación seria para aclarar los cuestionamientos y, mucho menos, que éstos deriven en renuncias, ceses y sanciones.

Así pues, mientras se amenaza a los maestros para que se sometan a exámenes y cumplan las exigencias del Gobierno, so pena de ser despedidos, el régimen puede reprobar en las evaluaciones externas que se le hacen, y que todo quede, en el mejor de los casos, en un llamado de atención.

¿Dónde quedan la equidad y la justicia?