Hace varias décadas y muy a los inicios de la era del neoliberalismo, abogados independientes reflexionaban sobre la anómala conducta relacionada con la narco-delincuencia-política, por aquellos años, dichos conceptos parecían ser de suma agresividad, en el hoy son más que otra cosa, expresión de una impunidad transexenal.
Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, en verdad resulta odioso el tener que rememorarlo. Como paradigma de esa inequidad y desgracia para la justicia a que se puede llegar cuando la narco-política se cristaliza en una aliada de nuestros poderes constitucionales, convirtiéndose para ello en el “poder supremo” sobre leyes y gobernantes.
Se perpetúa que la excelencia de Don Jorge Octavio Velásquez Juárez, Juez de Distrito por aquella época, afirmaba: “mis decisiones judiciales pueden estar siempre ajustadas a estricto Derecho, pero ellas son injustas cuando no favorecen a los intereses de la narco-justicia, para esos infractores de la ley las determinaciones de un órgano jurisdiccional solo se convertirán en justas y aceptables cuando atiendan de manera adecuada y substancial sus obscuros y supremos intereses”.
Innecesario es repetir que, con ese clima ético-político, se ha concedido en México la impunidad a esas absurdas ocurrencias ilegales que en la actualidad siguen gozando de una absoluta protección. Es rotundo y concluyente el afirmar que: el poder de la narco-política se encuentra en nuestra Nación por encima de nuestro estado de derecho, al más ordinario estilo de un feudalismo. Ésta es la dolida y triste realidad de nuestra Nación. No son, como decía Andrés Manuel López Obrador, “otros datos”.
Esto no puede, no debe continuar siendo así durante el sexenio de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ello no debe de permitirse al no encontrarse mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El estado de derecho que en ese documento histórico-jurídico se plantea y exige es en prioritaria medida, un estado de justicia y, como tal, un verdadero estado de legalidad, en el que, para la defensa de los principios de libertad y de justicia, ningún poder del Estado –a la cabeza la primer Magistrada de la Nación-, se encuentra exento del sometimiento a la ley.
No parece concebible que, en el presente sexenio, se pretenda dar continuidad al repugnante fenómeno sexenal con antelación descrito.
Si en verdad quiere la Dra. Claudia Sheinmbaum Pardo, trascender como una política de bien, tendrá que responder y enmendar todos aquellos grandes quiebres de nuestro estado de derecho. Ello no lo logrará manteniendo y permitiendo la continuidad de ese execrable fenómeno de la narco-política.
Es cuánto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
