Con su venia, estimado lector, voy a emplear el espacio de hoy para dirigirme directamente al señor licenciado y doctor en ciencias económicas don Agustín Carstens Carstens, gobernador del “autónomo” Banco de México.
Para empezar, esperando se digne a compartirnos sus respuestas, ¿cuánto de nuestras reservas internacionales en dólares están en riesgo si, el próximo miércoles, el gobierno de Estados Unidos se declara en suspensión de pagos?
¿Cuál es la razón que mantiene en la más absoluta secrecía la composición de las reservas monetarias de nuestro país?
¿Cuánto han crecido nuestras reservas por concepto de intereses cobrados a aquellos otros bancos centrales a los que damos crédito?
¿Es debido a su “autonomía” relativa que la Auditoría Superior de la Federación está imposibilitada de llevar a cabo sus funciones en la caja de ahorros de todos los mexicanos?
¿Y el IFAI? ¿Podemos preguntarle a través del “Instituto de Información y de Acceso… a la Opinión Pública de toda la Información Disponible para la Ciudadanía desde el Gobierno”, según clarísima definición del señor licenciado don Enrique Peña Nieto?
¿Qué pasó, don Agustín, con los lingotes de oro que en medio de la fiebre desatada hace un par de años compró el Banco de México para entrarle a la especulación con ese metal precioso? ¿Ganamos? ¿Perdimos ahora que ha caído su precio? Y a todo esto, ¿dónde están resguardadas esas barras con nuestros caudales? ¿En los sótanos del señorial edificio de la avenida 5 de Mayo? ¿En algún banco extranjero?
¿Y los Derechos Especiales de Giro? ¿A cuánto ascienden?
Además de invertir en bonos del gobierno estadounidense, ¿en qué otro país tiene usted, licenciado y doctor Carstens, “sudando” a nuestro dinerito? ¿O todo está puesto en la canasta estadounidense?
Urge, señor gobernador del Banco de México, que dé respuesta a estas interrogantes. Al fin y al cabo, usted maneja, entre otros, dineros de los contribuyentes. Y supongo, como los señores senadores que lo ratificaron en el cargo que le confirió el mal recordado Felipe Calderón, que lo hace con toda responsabilidad. ¿O no?
¿TRAE CASH, SEÑOR GOBERNADOR?
Y aprovechando esta comunicación pública, quiero preguntarle ¿cuánto de nuestras reservas ahora mismo está en billetes verdes?
¿Esos sí están bien resguardados en la bóveda del Banco Central?
¿Estarán ahí esos billetes después del primer día del próximo noviembre?
Le pregunto esto porque justo un día antes entra en vigor la nueva Ley de Lavado de Dinero –Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es su nombre oficial— y en ninguno de los artículos de su Reglamento se señala que el organismo “autónomo que usted gobierna pueda almacenar cantidades exorbitantes de numerario extranjero, lo que automáticamente me hace pensar en una super dry cleaner, por lo que le pregunto ¿trae cash, señor Carstens?
¿A cuánto asciende?
¿O el Banco de México está más allá de las leyes que nos rigen a los ciudadanos?
Pero, bueno, tal no es lo más importante este día.
Lo que a muchos nos interesa ahora mismo es saber ¿cuánto van a resultar afectadas nuestras finanzas nacionales con la locura de los republicanos si es que éstos, como se prevé, van más allá de la semiparalización del gobierno estadounidense y no autorizan elevar el techo de endeudamiento de la Administración de Barack Obama?
¿Cuánto vamos a perder en intereses que nos pagan –si es que lo hacen– los gringos?
Esperamos su respuesta señor Carstens. Urge nos diga qué va a pasar con nuestras reservas monetarias y cuáles serían las consecuencias del impago de los gabachos.
Y usted querido lector, se suma a las preguntas y a la exigencia de que sean respondidas a la brevedad, ¿verdad que sí?
Índice Flamígero: Las cadenas comerciales El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears, así como agencias automotrices, notarios y corredores públicos han presentado recursos de amparo en contra de la Ley de Lavado de Dinero. Cuestionan siete artículos del ordenamiento, que según los amparos, violan derechos constitucionales de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, libre competencia económica y equidad tributaria, entre otros.
