MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
¿A quién interesa la glosa del Informe de Gobierno del Presidente de la República? En teoría, conocer a detalle lo realizado en un año de la administración pública, debiera interesar a todos los habitantes del país, porque finalmente es en beneficio o perjuicio suyo el quehacer gubernamental.
Cuánto se gastó y en qué se gastó; las obras realizadas, los programas concluidos, las acciones aterrizadas en los puntos neurálgicos del país, su impacto en el combate a males históricos como la pobreza y la miseria. Saber la eficiencia en el gasto educativo y en temas torales como seguridad pública, generación de empleos y la salud.
En teoría, insisto, a todos nos debiera interesar saber puntualmente de qué tamaño fue la eficiencia gubernamental en el año de ejercicio.
Pero no, a nadie, o prácticamente a nadie interesa la profundidad del informe presidencial porque, y este es un punto toral, antes de rendirlo ha sido descalificado por quienes tienen la obligación de aprobar y vigilar el gasto público, conocer e impulsar sanciones contra la corrupción.
Diputados federales y senadores de oposición, por supuesto, antes de conocer el contenido del informe lo descalifican, le restan importancia a los avances y privilegian el escándalo, la denuncia de corrupción, como si no llevaren en su agenda la responsabilidad compartida de combatir esos males, de legislar mecanismos para optimizar gasto público, de dotar de lo que llaman dientes a, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación para que sus fallos sean vinculatorios con el ámbito de procuración de justicia.
Y, mire usted, indudablemente la corrupción en el ámbito del sector público ha crecido exponencialmente, merced a que el barroquismo en las enmiendas legales ha dotado de tantos y cuantos resquicios a la ley, de forma tal que ésta termina por beneficiar y amparar a los delincuentes.
La Secretaría de la Función Pública ha informado con frecuencia, en tiempos recientes, de sanciones aplicadas a funcionarios públicos, lo mismo inhabilitándolos que aplicándoles multas, pero una revisión elemental muestra que los sancionados no tienen el peso de un alto funcionario, son delincuentes de cuello blanco cuyas cuentas bancarias crecieron ¿inexplicablemente?, en uno, tres y hasta diez millones de pesos.
Y dónde los grandes pillos, los que se han alzado con el diezmo que se triplicó como cobro del favor a entes privados que, de esa forma, ganan licitaciones y obtienen millonarios contratos.
La ley es de suyo laxa y porosa que permite la impunidad y prohíja su aplicación selectiva, que obedece precisamente a esas reformas hechas al vapor, construidas sobre consensos que se someten a las negociaciones cupulares.
Porque, entonces cuál es la causa por la que no se nombra a un fiscal anticorrupción y menos al fiscal general de la nación, cuando los temas han sido harto debatidos, tanto que hasta sirven de pretexto para las veleidades personales que imaginan, con ello, haberse hecho del poder para arrinconar al propio Presidente de la República, aunque al final del día se evidencian como una pelea arreglada, que de lo burda que es, la del asunto del fiscal general, tuvo la suerte de ser enviada a comisiones para discutirla y, bueno, pues luego llevarla al pleno cameral para aprobarla.
Y qué de estos diputados que se asumen patriotas y justicieros, triunfadores del tongo legislativo, que no han acordado sesionar, discutir y aprobar las iniciativas que están en la congeladora.
Por ello, llama la atención que éste miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados haya iniciado la glosa del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, con el tema de política interior, pero enfatizándole precisamente el tema de la corrupción y, como elemento natural de su ADN, endilgárselo al PRI, al gobierno federal.
El diputado federal panista José Everardo López sostuvo, por ejemplo, que el país se encuentra sumido en la corrupción y el desgobierno y que actos de espionaje como el de Pegasus, “es muestra palpable de corrupción y advirtió que sobran evidencias del gen corruptor del PRI”.
Y el perredista Erik Juárez Blanquet acusó que México vive la mayor crisis humanitaria por violencia y el abierto reto a las instituciones por el crimen organizado y narcotráfico, así como casos de corrupción e impunidad que ponen al gobierno en falta de legitimidad.
Vaya, incluso el diputado Juárez Blanquet pidió blindar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, incluso a los estatales, para impedir su uso faccioso y evitar un posible conflicto político de proporciones peligrosas para la democracia y la legitimidad de los procesos electorales del próximo año.
¿Olvidaron que para el efecto hay leyes vigentes? ¿Por qué han pospuesto la discusión en temas anticorrupción y combate a la inseguridad? No quieren compartir la responsabilidad que les toca en estos asuntos. Cuestión de amnesia legislativa, total, el año electoral ya arrancó. Conste.
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