Ricardo Del Muro / Austral
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes remitirá al Congreso dos iniciativas de reforma a la Ley federal del Agua para terminar con la mercantilización de este recurso y castigar con mayor severidad los delitos relacionados con su acaparamiento, contaminación y desperdicio.
La iniciativa, presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), contempla nuevas sanciones contra quienes acaparen o hagan uso ilegal de concesiones, así como mecanismos de control digital y un marco legal renovado para garantizar el derecho humano al agua.
El impacto de la reforma a la Ley de Aguas en las industrias refresquera y cervecera será significativo porque ambos sectores son de los principales usuarios de agua concesionada en México. La revisión de más de 536 mil títulos que Conagua se ha comprometido realizar, podría transparentar el uso que hacen estas empresas del agua y así evitar los conflictos con las comunidades afectadas.
Uno de los principales cambios que contempla la reforma es endurecer las sanciones económicas. Actualmente, la multa máxima es de 26 mil UMAS, pero la reforma plantea elevarla hasta 50 mil UMAS, equivalentes a 5 mil 667 pesos. Este ajuste busca frenar prácticas ilegales como la venta de concesiones, el uso irregular de pozos y la sobrexplotación de mantos acuíferos.
Esta reforma se impulsó debido a la aguda escasez de agua que padecen los estados del norte del país, pero también es de vital importancia para el futuro de Chiapas, una de las diez regiones del mundo con mayor reserva de agua y que concentra el 45 por ciento de los recursos hídricos del país, pero donde prácticamente todos sus ríos están contaminados y gran parte de su población no tiene acceso al agua potable.
Aún no se conoce el texto de la iniciativa, pero la reforma debería contemplar normas mínimas para las autoridades municipales que la obligue a atender fugas o focos de contaminación. Tampoco está definido claramente si habrá obligaciones específicas exigibles legalmente para municipios en cuanto a inspección, reporte y reparación de fugas, ni sanciones administrativas o penales directas si las autoridades no actúan.
En el caso de las concesiones, la Conagua ha encontrado inconsistencias en 58 mil 932 casos, tras revisar 482 mil títulos que representan el 90% del total, informó Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua. Entre las principales irregularidades destacan casos ligados a complejos industriales, balnearios y clubes de golf, cuyas concesiones son para uso agrícola y no pagan derechos.
De acuerdo a los datos de Conagua, en el año de 1992 se habían otorgado 2 mil el número de títulos de concesión, mientras que actualmente la cifra llega a 536 mil concesiones, lo que representa un aumento vertiginoso que ha provocado la sobrexplotación de al menos 157 acuíferos.
Hay reportes, según la página ecologista Planeta Verde (22 de febrero de 2024) que resaltan que las empresas trasnacionales de refrescos de cola, que poseen cerca del 80% de las concesiones de agua en México, han utilizado 89 mil mil millones de litros de agua entre 2014 y la actualidad. Esto equivale al consumo duplicado de la población mexicana en el mismo periodo.
Según el informe, la empresa Coca – Cola necesita en promedio 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco. Y, de acuerdo con datos de Conagua, la refresquera cuenta con permisos para explotar 28 millones 203 mil 659 metros cúbicos de agua al año.
En el caso de Chiapas, la concesión fue autorizada en 1995 por Conagua a la empresa FEMSA – Coca – Cola, a través de su filial Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V., autorizándole la extracción de 419.7 millones de metros cúbicos de agua al año para su planta embotelladora, ubicada en San Cristóbal de Las Casas.
En años más recientes, se renovaron estas concesiones por periodos de 20 años, generando controversias y protestas ciudadanas debido a la preocupación por el acaparamiento de un recurso vital, la explotación excesiva de las reservas hídricas y la escasez de agua para la población local, así como la crisis de salud pública relacionada con el consumo de bebidas azucaradas.
En este contexto, la necesidad de una gestión más responsable del agua se vuelve imperativa. Los alcances de la reforma a la Ley de Aguas se conocerán la próxima semana, así como las medidas que adoptará la federación para reducir el consumo excesivo del agua por parte de las grandes corporaciones, así como promover acciones más eficientes en el uso de agua para las autoridades y los ciudadanos. RDM
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