Por Aurelio Contreras Moreno
Junto con las posibles pifias que han salido a relucir en el proceso sancionador que el PRI inició contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y otros seis implicados en irregularidades investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR), llamó la atención que el tricolor no procediera en contra de otros políticos veracruzanos sobre quienes pesan señalamientos e incluso denuncias penales por actos de corrupción.
Particularmente, se dejó fuera a todos los diputados federales veracruzanos priistas –sólo falta que también éstos vayan a negar su militancia- que han sido denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por particulares o por la oposición –que pronto dejará de serlo en Veracruz-, así como a otros funcionarios y ex funcionarios, como los numerosos secretarios de Finanzas que han pasado por el sexenio duartista.
El PRI omitió, deliberadamente o no, incluir en el proceso rumbo a la expulsión a Alberto Silva Ramos, Salvador Manzur Díaz, Tarek Abdalá Saad, Adolfo Mota Hernández, Jorge Carvallo Delfín, Juan Manuel del Castillo y otros más que están implicados en diversos delitos, la mayoría de ellos en desvíos de recursos de programas federales, peculado y daño patrimonial a la Hacienda pública del estado y la nación.
Por ejemplo, el ex alcalde de Tuxpan, diputado federal con licencia y vocero de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos, dejó deudas por más de 500 millones de pesos en el Ayuntamiento que encabezó, y enfrenta más de 200 demandas laborales por haber repetido la fórmula de descontar el pago de créditos a trabajadores municipales vía nómina, los cuales nunca se transfirieron a la empresa acreedora, misma práctica que aplicó la administración estatal y que mandó al buró de crédito miles de burócratas.
Y faltan aún por cuantificar las irregularidades a su paso por la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Social locales, donde privaron la opacidad y los arreglos “en lo oscurito”.
Además de su responsabilidad por haber avalado el desaseo administrativo del gobierno duartista durante el corto tiempo en que fue titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y por lo cual fue denunciado ante la PGR por el órgano fiscalizador federal, Salvador Manzur Díaz acaba de ser denunciado por un particular por suplantación de identidad para el cobro ilegal de facturas en el tiempo en que fungió como presidente municipal de Boca del Río, lo que equivaldría a un fraude por más de seis millones de pesos. Peccata minuta junto al “oro molido” de los programas federales que pasaron por sus manos.
Y así se puede seguir enumerando el enorme cúmulo de irregularidades y de conductas reiteradamente delictivas de los fide-duartistas antes intocables y hoy en caída libre, que no fueron tomadas en cuenta por su partido, el Revolucionario Institucional, para incluirlos en el paquete sancionador con el que el tricolor y Los Pinos buscan expiar sus corruptas culpas ante el electorado que los repudió en Veracruz y en el país el pasado 5 de junio.
Y cómo no quieren que la gente piense que la manida “lucha contra la corrupción” es tan sólo un teatro.
Breve receso
Esta columna se tomará un breve receso y dejará de publicarse la semana entrante, para regresar nuevamente el lunes 10 de octubre. A sus lectores y editores, muchas gracias.
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