A la memoria de Norma Alicia Moreno del Río
Por Aurelio Contreras Moreno
Los diputados locales de las dos últimas legislaturas del Congreso del Estado de Veracruz, la LXII y la LXIII, llevarán siempre el estigma de haber sido cómplices de la corrupción y del desastre al que llevó a la entidad el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
De principio a fin de sus respectivos periodos, la mayoría fide-duartista que dominó al Congreso estatal entre 2010 y 2013, y entre 2013 y 2016, se comportó de manera servil e irresponsable. Fue cómplice de las trapacerías, del saqueo, de las decisiones que tienen en este momento al estado al borde del colapso, sin dinero, sumido en la pobreza y la inseguridad, devastado institucionalmente y mendigando apoyo federal para evitar un casi inminente estallido social.
Los diputados locales del PRI y sus aliados, incluidos varios que se supone navegan con las banderas de la “oposición”, no sólo cerraron los ojos ante el robo en despoblado a las finanzas estatales, sino que disfrutaron de las mieles del dinero malhabido, de los frutos de las componendas, de las prebendas de un poder usado para lucrar y no para servir a los ciudadanos.
Esa mayoría de diputados y diputadas que en los últimos seis años dominaron al Poder Legislativo estatal aprobaron sin chistar todos los desvaríos legales que se le ocurrieron al hoy prófugo ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su camarilla.
Fue así que intentaron limitar y penalizar la libertad de expresión en las redes y en los medios; redujeron a míseros dos años el próximo periodo gubernamental porque el gobernador quería imponer sucesor; modificaron normas como la Ley de Pensiones en perjuicio de los trabajadores; permitieron la opacidad en el gasto gubernamental; buscaron criminalizar las protestas ciudadanas y lograron hacerlo con las mujeres al abrir la puerta a la penalización del aborto para que Javier Duarte quedara bien con la Iglesia Católica.
Los diputados locales de las dos últimas legislaturas dejaron pasar informes maquillados e inverosímiles sobre las revisiones de la Cuenta Pública, en los que el Ejecutivo aparecía como un ente impoluto, honestísimo, sin mácula ni sombra de duda. Sólo al caer en desgracia el régimen “se dieron cuenta” del hervidero de corrupción, de los desvíos y el atraco a Veracruz perpetrado por el fide-duartismo voraz.
No podían hacerlo de otra forma cuando fueron cómplices de la podredumbre, vendiendo su conciencia y su voto. Según fuentes de primer nivel a las que este reportero tuvo acceso, hasta 30 millones de pesos se dejaron pedir muchos diputados locales por avalar los disparates legislativos con los que el gobierno de Javier Duarte primero reventó las finanzas públicas y al final pretendió cubrirse las espaldas y garantizarse impunidad.
Ahora que se van, con un cinismo esperpéntico los diputados locales dicen haber obrado bien. Niegan haber avalado el robo al erario del estado y aseguran estar despreocupados porque se les califique como los peores de la historia de Veracruz. Eso les tiene sin cuidado.
Lo que no les tendrá sin cuidado es que también se les llame a cuentas y se les finquen responsabilidades políticas y hasta penales, por acción u omisión, de la devastación de Veracruz. Corresponderá a la LXIV Legislatura del Estado, que entra en funciones este 5 de noviembre, esa tarea. Habrá que exigírsele que la haga.
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