Por Aurelio Contreras Moreno
Tras el trágico accidente de la semana pasada en el complejo industrial Pajaritos en Minatitlán, quedaron al descubierto varias situaciones que revelan un problema de una complejidad de la que no se tiene aún su real dimensión.
Para empezar, la reforma energética y sus esquemas de asociación público-privado para la explotación y transformación de la riqueza del subsuelo sufrió su primer gran descalabro. El que una empresa privada -Mexichem, en este caso- opere las instalaciones que por años estuvieron a cargo de Petróleos Mexicanos no garantiza per se un funcionamiento óptimo ni el debido mantenimiento requerido para un área de manejo de sustancias peligrosas.
Esto por una razón muy simple: la inversión requerida para operar instalaciones como las del complejo Pajaritos es multimillonaria. Tanto, que Mexichem dejó que se continuara trabajando pese a las alertas de fugas que había en el área de Clorados III, lo que trajo como consecuencia la explosión del pasado 20 de abril, que hasta ahora arroja una cifra oficial de 32 personas muertas y más de 160 heridas. Aunque el número de fallecidos se estima mucho más alto, pues de acuerdo con los propios obreros de la planta, en el lugar del siniestro laboraban regularmente más de 200 personas.
Por si fuera poco, Mexichem pretende desentenderse de sus obligaciones y se ha declarado en “condición de fuerza mayor”, con lo cual busca liberarse de demandas contractuales y por daños ocasionados a terceros.
Y para hacer más angustiante la situación de las familias de aquella región, los contratistas privados no han pagado su salario a los obreros de Clorados III, quienes ni siquiera saben si podrán conservar sus empleos, razón por la cual la tensión ha crecido en la zona sur de Veracruz. Sin exagerar, al estallido de sustancias químicas podría sucederlo un estallido social.
El caso es que nadie se hace responsable. Ni la empresa privada, ni su socia Petróleos Mexicanos, ni el sindicato petrolero, que cada vez es más evidente que ha perdido casi toda su fuerza y está condenado a convertirse en breve en una pieza de museo.
Por el lado del estado, también quedó al desnudo una de las consecuencias de la brutal corrupción de este sexenio: los servicios de salud de toda la región fueron rebasados por la magnitud del siniestro. Fueron insuficientes los centros hospitalarios y los medicamentos para dar atención a todas las víctimas y damnificados. Junto con el aire podrido por la contaminación química, flotan en el ambiente los desvíos de recursos en el sector salud estatal, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, de más de cuatro mil millones de pesos.
Al final del día, es la corrupción el núcleo y la causa de una tragedia como la de Pajaritos. La corrupción de una empresa como Mexichem, a la que no le importó poner en riesgo la vida de sus trabajadores con tal de ahorrarse el dinero que debió invertirse en mantenimiento de sus instalaciones; la corrupción de Petróleos Mexicanos, que le concesionó instalaciones industriales estratégicas a empresarios sin escrúpulos; la corrupción de un sindicato que vaga como muerto viviente en espera de que se decrete oficialmente su defunción; y la corrupción de un gobierno estatal evidenciada grotescamente en su incapacidad para hacer frente a emergencias como la de Pajaritos, porque el dinero para hospitales se utilizó para amasar fortunas personales y financiar campañas políticas.
Y todavía tienen el descaro de decir que Dios “duerme” en Veracruz. ¿Y cómo duermen ellos?
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