Por Aurelio Contreras Moreno
En una espléndida pieza informativa, la periodista veracruzana Sandra Isabel Jiménez presentó pruebas de lo que ya se tenían fundadas sospechas: la supuesta solventación de los señalamientos por desvíos de recursos federales anunciada hace unos meses por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, es una tomadura de pelo. Una más.
De acuerdo con el reportaje publicado en el portal de Internet Animal Político, las 15 denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación en contra de funcionarios y ex funcionarios de la anterior y la actual administración estatal en noviembre de 2014, siguen su curso y no fueron sobreseídas ni quedaron sin materia, como afirmó “categóricamente” en un mensaje a los medios el gobernador Duarte de Ochoa el pasado 22 de junio.
En aquella ocasión, Javier Duarte dijo que que las denuncias de hechos presentadas por el órgano fiscalizador ante la PGR por peculado, desvíos y sustracción indebida de recursos públicos federales habían quedado “sin materia, al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados”.
Pero a través de una solicitud de acceso a la información, la Auditoría Superior de la Federación respondió, mediante el folio 00028615, con fecha 17 de agosto de 2015, que las denuncias están en curso, según detalla en su reportaje Sandra Isabel Jiménez.
Tan lo están, que el órgano fiscalizador declinó proporcionar detalles sobre las mismas, pues la información es reservada, dado que las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República están en marcha.
Incluso, los documentos de las 15 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación siguen publicados en su página de Internet, lo que revela que no hay tal sobreseimiento.
El encargado legal y político de hacer valer el Estado de Derecho en Veracruz ha sido exhibido mintiéndole abiertamente, sin pudor alguno, a los veracruzanos. ¿Cómo creer ahora en cualquier cosa que pueda decir, informar o afirmar este gobierno? ¿Qué clase de crédito puede darse a sus subsiguientes declaraciones sobre la deuda del estado, la cuenta pública, las inversiones, la seguridad pública?
Son al menos 29 funcionarios y ex funcionarios estatales los que están indiciados en dichas denuncias, entre éstos, todos los últimos secretarios de Finanzas del gobierno estatal, servidores públicos federales y estatales, así como los diputados federales electos Tarek Abdalá y Edgar Spinoso, a quienes les urge el fuero que obtendrán hasta el martes 1 de septiembre para evadir cualquier acción penal que pudiera ordenarse en su contra.
E independientemente de que la Procuraduría General de la República llegase a proceder judicialmente contra alguna persona, el Gobierno del Estado de Veracruz sigue estando obligado a informar qué hizo con el dinero que le reclama la Auditoría Superior de la Federación, que asciende a más de cuatro mil millones de pesos –como si la entidad no tuviera ya suficientes problemas financieros-, así como responder por la responsabilidad que le resulte al haber intentado engañar a la autoridad federal fingiendo la solventación de irregularidades en sus cuentas públicas, lo cual no es un hecho menor y tendría que ser sancionado.
Y no. No queremos sonar ingenuos.
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