Por Aurelio Contreras Moreno
A estas alturas del sexenio, nadie duda que el de Javier Duarte de Ochoa ha sido el peor gobierno de que se tenga memoria en el estado de Veracruz.
Cada día que pasa se suman nuevas denuncias, señalamientos y acusaciones contra una administración que se ha distinguido como la más corrupta y despilfarradora que haya ejercido el poder en la entidad.
El más reciente diferendo con la Universidad Veracruzana es prueba fehaciente de que a Javier Duarte no le importa un comino el estado. De manera histórica, la principal institución de educación superior de la entidad tuvo que presentar denuncias penales, ante los ministerios públicos federal y estatal, por los más de dos mil millones de pesos que el gobierno no le ha entregado desde 2013, y que ahora ya representan un verdadero problema de operatividad que pone en riesgo la viabilidad misma de la casa de estudios.
La respuesta del gobierno estatal fue al estilo canalla que ha caracterizado a esta administración. Tirando por el retrete sus trayectorias y prestigio, los secretarios de Finanzas y de Gobierno, Antonio Gómez Pelegrín y Flavino Ríos Alvarado, respectivamente, salieron a amenazar a la Universidad Veracruzana con requerirle, también por la vía penal, supuestos adeudos con el estado por el pago de pensiones y por el cobro del tres por ciento por concepto del impuesto a la nómina, lo que según sus cuentas suma más de tres mil millones de pesos. Una locura.
El pleito por el dinero de la Universidad se hizo público desde el año pasado, cuando la rectora Sara Ladrón de Guevara dio a conocer el problema al no quedarle más alternativa dada la nula respuesta de la autoridad estatal, cuya reacción ante esos requerimientos fue pendenciera y alejada de cualquier sustento jurídico.
La supuesta deuda por el pago de pensiones de los trabajadores de la Universidad Veracruzana es una falacia, como lo apuntamos en este espacio en su momento, pues la propia Ley del Instituto de Pensiones, en su artículo 98, establece que el Gobierno del Estado, en caso de que los recursos del Instituto no alcancen para cubrir sus compromisos, es “responsable solidario del cumplimiento de esa obligación”.
Y no sólo eso. El propio Javier Duarte difundió a través de un comunicado el 14 de noviembre de 2015, que no existía adeudo alguno de la casa de estudios con el gobierno estatal, pues, efectivamente, su administración, como “responsable solidaria”, había liquidado ya esos recursos. Volvérselos a cobrar es simplemente una reacción visceral, mezquina, para buscar intimidar a las autoridades universitarias.
Mismo caso de la supuesta deuda por el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el impuesto a la nómina.
El secretario de Gobierno Flavino Ríos fue exhibido como ignorante de las leyes, pues el Decreto número 596 de Interpretación Auténtica de la Ley, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 21 de enero de 2004, dispone que “se interpreta de forma auténtica que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en virtud del principio de no sujeción o no causación, la exime del pago del impuesto sobre nómina previsto en el artículo 98 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
Por si todo esto no bastase, en el Presupuesto de Egresos del Estado se contempló una disminución de los recursos para la UV en este ejercicio fiscal por casi 250 millones de pesos, ante lo cual la institución tramitó un amparo, al ponerse en riesgo la educación superior de los veracruzanos con esa irracional y revanchista medida.
La Universidad Veracruzana no es la única que requerirá por la vía judicial el dinero que por justicia y legalidad le corresponde. Varios ayuntamientos consideran aplicar la misma medida, pues este fin de semana la Secretaría de Finanzas les comunicó que les entregará sólo el 70 por ciento de los presupuestos que les fueron aprobados por la LXIII Legislatura del Estado para 2016, lo cual es a todas luces ilegal.
Señalada por todos lados, pública y notoria su incompetencia para llevar las riendas del estado, la administración de Javier Duarte, el gobernador canalla, se derrumba. El problema es que se está llevando al abismo a ocho millones de veracruzanos.
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