Por Aurelio Contreras Moreno
Para sorpresa de todos en Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) reportó en su informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del año 2015 irregularidades que alcanzan, según la Comisión de Vigilancia del Congreso local, los 14 mil millones de pesos. Solamente durante ese ejercicio fiscal.
Se preguntará usted, ¿por qué eso es una sorpresa, si por lo menos desde hace dos años se ha acreditado el desfalco a las finanzas del estado de Veracruz perpetrado por sus actuales (malos, pésimos, corruptos) administradores?
Pues precisamente por eso. Porque por primera vez desde que fue creado en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, el Orfis dio a conocer información sobre posible daño patrimonial al erario del estado bajo la responsabilidad de las dependencias del Poder Ejecutivo local, que encabeza Javier Duarte de Ochoa.
Nunca, desde su origen hace más de 15 años, el órgano fiscalizador estatal había dado un informe sobre la revisión de la Cuenta Pública como el que el que presentó la semana pasada, en el que se detallan las inconsistencias administrativas y los malos manejos en que incurrió el gobierno estatal y que se adicionan a lo denunciado por su par federal, la Auditoría Superior de la Federación.
En los hechos, el Órgano de Fiscalización Superior se dedicó todos estos años a voltear la cara para no ver lo que ha sido evidente siempre, y no sólo durante esta administración: el manejo discrecional de los recursos públicos, su aplicación fuera de normatividad, cuando no el abierto desvío de los mismos.
Además de servir como “tapadera” para ocultar vicios en la administración pública del estado, el Orfis ha jugado el papel de brazo ejecutor contra enemigos del régimen o políticos caídos en desgracia, particularmente a su paso por las alcaldías. Y hasta eso, ningún peso pesado. Nada de “peces gordos”. Si acaso, dos o tres “charalitos” con los cuales simular que se cuidaban “celosamente” los recursos estatales.
Por eso asombra lo que, ahora sí, “encontró” el auditor general del estado, Lorenzo Portilla, en la Cuenta Pública de 2015. Entre otras cosas, evidencias del desfalco al Instituto de Pensiones; de la disposición ilegal del dinero de los jubilados y de las becas de los estudiantes; de la desaparición de fondos cuyo destino era la seguridad pública, la comunicación social y las obras para el desarrollo metropolitano de la entidad. Todo un rosario de malversaciones de los recursos de los veracruzanos que, reiteramos, eran obvios desde hace mucho tiempo.
Si el Orfis hizo su “chamba” medianamente esta vez no es porque las irregularidades sean novedosas, sino porque ante el viraje político que ha tomado Veracruz luego de las elecciones del pasado 5 de junio, en las que el PRI perdió el poder, ya no había manera de esconder el hoyo negro de las finanzas estatales, lo cual es irrebatible si se toman como referencia los informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación, que revelan desvíos que se arrastran desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán.
Si tan sólo las inconsistencias correspondientes a 2015, año en el que la debacle económica de la entidad ya causaba estragos, ascienden a 14 mil millones de pesos, ¿cuánto les habrá “perdonado” el Orfis en los tiempos de jauja, cuando el dinero fluía a manos llenas, en la época de la “plenitud del pinche poder”?
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