Por Aurelio Contreras Moreno
Ha sido más que evidente la parálisis de la administración estatal de Veracruz las dos últimas semanas, a partir de la ausencia pública del titular del Ejecutivo, Javier Duarte de Ochoa.
El gobernador veracruzano permaneció agazapado del ojo público durante toda la semana anterior, y sólo salió a escena durante la visita al norte de la entidad del presidente Enrique Peña Nieto, porque no le quedaba de otra, además de que no habría manera de que los medios de comunicación lo cuestionaran sobre la violencia desbordada en el estado, dadas las medidas de seguridad que existen en las giras presidenciales.
Escondido en Casa Veracruz -o en el extranjero, según algunas versiones-, Javier Duarte vio pasar el vendaval mediático en su contra por la identificación de los restos de dos de los muchachos desparecidos por la policía estatal en Tierra Blanca y por el secuestro y asesinato de la reportera Anabel Flores en la región de Orizaba.
Mientras la prensa nacional, internacional e incluso alguna de la local condenaba enérgicamente al gobierno de Javier Duarte e incluso clamaba por el fin anticipado de su mandato ante la anarquía que priva en amplias zonas de la entidad, el mandatario se mantuvo agazapado y con él, prácticamente todo su gabinete.
Salvo el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien tuvo que salir a justificar lo injustificable, y los secretarios de Gobierno y de Finanzas, Flavino Ríos Alvarado y Antonio Gómez Pelegrín, “brazos ejecutores” de las amenazas contra la Universidad Veracruzana por atreverse a cobrar lo que legalmente le pertenece, daba la impresión de que no existía gobierno en Veracruz.
Pero Javier Duarte escogió un medio para hacer sentir que aún gobierna la entidad: la red social Twitter, donde publicó mensajes que resultaron ser peor remedio que la enfermedad.
Así, el 11 de febrero, tras saberse del “levantón” de cuatro jóvenes en el puerto de Veracruz, Javier Duarte anunció en Twitter que ya existía un operativo de las fuerzas policiacas estatales para rescatarlos, lo cual sucedió más tarde, sin que hubiera ningún detenido.
Eso, y el que el propio gobernador subiera a su cuenta de Twitter las fotografías de los “rescatados”, mostrando sus rostros mientras recibían atención médica, despertó la suspicacia sobre si el pretendido plagio había sido un mero montaje del propio gobierno para “demostrar” su “efectividad” y contrarrestar las críticas.
No conforme con ello, Javier Duarte no se detuvo y entre retuits a notas del partido de futbol de los Tiburones del Veracruz y de la visita a México del Papa Francisco, continuó publicando en su red comentarios sobre la actuación de su gobierno en temas de seguridad.
Sin que lo diera a conocer formalmente ninguna instancia de procuración de justicia, Javier Duarte publicó que el narcotraficante Josele Márquez “El Chichi” -al que dieron por muerto en una balacera el año pasado y “revivieron” hace pocos días al informar sobre su captura-, era el autor intelectual del asesinato de la reportera Anabel Flores, y que la había mandado matar porque reveló bajo un pseudónimo en Facebook quién era su sucesor como jefe de plaza en la región.
La incontinencia tuitera llegó al extremo de que, para autojustificarse, Javier Duarte afirmó que “salvo el caso de Regina Martínez, los demás casos donde han sido asesinados periodistas en #Veracruz, han sido por el crimen organizado”, que “el enemigo en #Veracruz del periodismo y de la libertad de expresión es el crimen organizado” y que “no obstante el desgaste político, mediático, físico y moral, no cederé ni un milímetro en la lucha frontal contra el crimen organizado”.
Ahora resulta que la víctima es él. Y que autoexculpándose en Twitter va a borrar cinco años de pesadilla.
Aclaración pertinente
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