Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras en el mundo occidental se avanza hacia legislaciones mucho más progresistas y proclives a la equidad, el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, en Veracruz la clase gobernante hace gala de su tendencia a la regresión autoritaria y a la intolerancia.
Este martes 17 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el envío de una iniciativa de reforma al artículo 4to de la Constitución General de la República para reconocer en la Carta Magna los matrimonios igualitarios como un derecho humano. ¿Y esto qué significa?
La figura de los matrimonios igualitarios proviene de un criterio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró inconstitucional definir los matrimonios únicamente como la unión de un hombre y una mujer.
La Corte determinó que “bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual”, lo que abrió la puerta para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Sólo que a pesar del criterio de la Suprema Corte, en varios estados, entre éstos particularmente el de Veracruz, sus congresos han evitado a toda costa abordar el tema e incluirlo en su legislación local, a pesar de que se han presentado iniciativas al respecto. Es el caso de la del diputado de Movimiento Ciudadano Cuauhtémoc Pola Estrada en la LXIII Legislatura local veracruzana, que fue mandada a la “congeladora” por la mayoría priista y sus aliados, que han demostrado ser más “papistas que el Papa”.
Pero con la reforma propuesta por Peña Nieto, no van a tener de otra. La iniciativa presidencial contempla una reforma al Código Civil Federal que, a su vez, obligará a modificar los códigos civiles de los estados, bajo el precepto de que ninguna ley local está por encima de los ordenamientos federales.
La actitud de los legisladores veracruzanos al ignorar criterios de jurisprudencia como el citado no extraña. Estos diputados -con sus poquísimas excepciones- son un manojo de prejuicios, que a la primera amenaza de “castigo divino” por cualquier legislación que moleste al alto clero, esconden la cabeza en la tierra, como los avestruces.
El mejor ejemplo de ello es la reforma antiaborto temporalmente detenida en el Congreso de Veracruz, que da pie a la criminalización de las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, y para cuya aprobación y ratificación la Iglesia Católica ha presionado de manera inaudita, rebasando los límites de la legalidad al entrometerse descaradamente en el proceso electoral en curso fustigando a los candidatos que no compartan su medieval visión acerca del tema.
Ello también es posible gracias a que Veracruz tiene un gobernador de ideas ultraconservadoras, al que le interesa quedar bien con el clero católico -aunque se le olvidó aquel mandamiento que dice “no robarás”- y que mientras conculca derechos humanos con una mano, se santigua con la otra.
En muchos sentidos, Veracruz vive en un rezago brutal. Pero en lo que respecta a legislación en materia de derechos humanos de los grupos vulnerables, las mujeres y las minorías -que ya no lo son tanto- va decididamente en sentido contrario al curso de la historia y del mundo.
Por ello, entre otras cosas, es tan importante decidir por quién votar en los próximos comicios para que llegue al Congreso local. Veracruz no necesita más inquisidores.
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