Por Aurelio Contreras Moreno
La cotidiana tragedia que vive el estado de Veracruz desde hace al menos cinco años escribió dos nuevos capítulos de horror esta semana.
El primero, la confirmación del hallazgo de restos humanos en un rancho a la altura de Tlalixcoyan, que al ser analizados genéticamente coincidieron con el ADN de dos de los jóvenes desaparecidos por policías estatales en Tierra Blanca el pasado 11 de enero.
Sólo que el descubrimiento, más que brindar paz a los familiares de los jóvenes desaparecidos, incrementó su dolor: no hay cuerpos que velar, apenas pedazos de huesos y manchas de sangre a partir de las cuales se realizaron los exámenes forenses para lograr su identificación. Presumiblemente, fueron calcinados junto con un número indeterminado de cadáveres de quién sabe cuántas otras personas desaparecidas. Verdaderamente dantesco, inenarrable.
Y lo peor es que aún faltan por encontrar indicios sobre los otros tres muchachos que fueron secuestrados por policías estatales y entregados, de acuerdo con las versiones oficiales, a un grupo del crimen organizado de la violenta e ingobernable zona de la cuenca del Papaloapan.
No menos violenta que la región de Orizaba, donde la madrugada de este lunes, un comando que vestía ropa de corte militar y portaba armas de alto poder, sacó por la fuerza de su domicilio en el conurbado municipio de Mariano Escobedo a la reportera de la sección policiaca Anabel Flores Salazar.
Este martes 9 de febrero, su cuerpo sin vida fue encontrado en un paraje de la carretera Cuacnolapan-Oaxaca, cerca de Tehuacán, en el estado de Puebla, lo cual confirmó en primera instancia la Fiscalía de aquella entidad. Es la décimo séptima periodista asesinada durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
Fiel a su costumbre, en lugar de ponerse a investigar, desde un principio la Fiscalía General del Estado de Veracruz buscó criminalizar a la reportera ligándola con el crimen organizado, violando con ello la Ley General de Víctimas y el principio legal de presunción de inocencia, y como si ello fuera excusa para justificar su asesinato y no perseguir a los homicidas. La familia de Anabel Flores niega cualquier vínculo de la malograda periodista con la delincuencia.
Lo que queda de manifiesto, por enésima ocasión y para desazón de todos los veracruzanos, es que en el estado no hay gobierno. Policías que secuestran, extorsionan y asesinan. Autoridades que se desentienden de su responsabilidad a sabiendas de lo que ocurre en casi todo el territorio estatal. Una violencia desbordada sin que haya nadie que ponga un freno con acciones de gobierno contundentes. Una corrupción generalizada que provocó la quiebra de facto de la entidad.
Por mucho menos de todo lo que ha pasado en Veracruz durante este sexenio, han caído gobernadores y autoridades de diferentes niveles. En esta entidad, no pasa nada. La impunidad es abrumadora, hiriente, asquerosa.
El daño que Duarte de Ochoa le hace al estado de Veracruz manteniéndose al frente de la administración estatal es de proporciones gigantescas. Y si eso no les importa a sus protectores en el Gobierno Federal y en la nomenclatura priista, quizás sí les preocupe el lastre que en términos político-electorales les representa en un año donde habrá comicios para renovar gubernaturas, la veracruzana incluida.
Javier Duarte es insostenible como gobernador.
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