Por Aurelio Contreras Moreno
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó este miércoles la validez de la elección de gobernador del pasado 5 de junio así como la constancia de mayoría otorgada a Miguel Ángel Yunes Linares que lo acredita como mandatario electo.
Aun cuando no es una sentencia definitiva, pues los partidos políticos cuentan con cuatro días para impugnarla ante la última instancia jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora sí no parece que exista forma de que se pudiera revertir el resultado, por lo que Yunes Linares será gobernador constitucional de Veracruz a partir del próximo 1 de diciembre.
Pero más que el sentido de la sentencia en sí, lo que llamó poderosamente la atención fueron los términos de la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante el TEV, pues aunque era un recurso condenado al fracaso, como quedó de manifiesto al ser desechado por unanimidad de los magistrados electorales, representa de suyo una condena moral y política al régimen que está por extinguirse, el del aún militante priista Javier Duarte de Ochoa.
En un hecho insólito en la historia política de la entidad, el PRI se quejó de la intervención de Duarte de Ochoa en el proceso electoral, pues sus rencillas con el candidato tricolor, Héctor Yunes Landa, le habrían resultado perjudiciales a la hora de los comicios.
Incluso, el PRI acusó a Duarte de hacer tratos con el PAN, el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional para afectar a Yunes Landa, lo cual, aunque fue declarado infundado por ausencia de pruebas, resulta más que revelador.
Lo más increíble fue que en la misma impugnación, el Revolucionario Institucional denunció la intervención de la Iglesia Católica en el proceso electoral, pues líderes religiosos como el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, se dedicaron a presionar y atacar al gobierno estatal y al Congreso local para la ratificación de la reforma al artículo 4 de la Constitución del Estado, incitando a votar por quienes se comprometieran con la “protección” de la vida desde el momento de la concepción, en una abierta –una más- violación del principio de separación Iglesia-Estado consagrado en el artículo 130 de la Constitución de la República.
Sí. Se trata del mismo partido político cuyo gobernador, diputados locales y alcaldes se pasaron por el “arco del triunfo” el Estado laico y se postraron ante la jerarquía católica hace apenas unos días para aprobar, finalmente, la reforma constitucional antiaborto de Duarte.
Y para mayor escarnio de la derecha duartista, el Tribunal Electoral de Veracruz declaró fundados –aunque no suficientes para anular la elección- los argumentos de violación a la ley de parte de la curia católica, por lo que resolvió dar vista a la Secretaría de Gobernación así como instruir al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que inicie un procedimiento especial sancionador en contra del arzobispo Hipólito Reyes Larios y su vocero José Manuel Suazo Reyes, y determine qué sanciones se les deben aplicar. Una tremenda condena a una actitud descarada y cínica.
Derrotado en las urnas desde el 5 de junio, Javier Duarte sufrió quizás su peor descalabro este 24 de agosto, al conocerse públicamente el rechazo de su propio partido a sus actos y decisiones, expresado en un recurso legal que, aunque no surtió efectos legales electorales, representa una condena política como nunca antes vista de parte de un partido en contra de uno de sus gobernadores en funciones.
Duarte está derrotado moral y políticamente. Ya no tiene nada a qué quedarse.
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