Por Aurelio Contreras Moreno
Cada vez parece más lejana la posibilidad de que los saqueadores del estado sean llamados a cuentas y que enfrenten su responsabilidad por lo que le hicieron a Veracruz los últimos seis años.
La semana pasada, los tribunales electorales local y federal decidieron validar los resultados de los comicios en los distritos de Córdoba y San Andrés Tuxtla, a pesar de las ostensibles irregularidades que ahí se cometieron.
En ambos, los “triunfadores” fueron dos de los integrantes del círculo duartista más cercanos al todavía gobernador del estado: Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez.
Del Castillo es, hasta la fecha, el verdadero secretario de Finanzas del estado. Nada se mueve en esa dependencia que él no autorice. Ha sido el “cerebro” detrás de las operaciones para triangular y desviar los recursos públicos.
Su elección fue una de las más sucias de todo el proceso electoral pasado. Si en un distrito hubo violencia pre y post electoral, fue en el de Córdoba, donde la consigna era ganar a como diera lugar y al precio que fuera necesario, pues es la “tierra” (por crianza, porque no nació ahí) de Javier Duarte de Ochoa.
De Benítez ya hemos descrito sus andanzas por la Tesorería del estado, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación. Manejó marejadas de dinero y se llevó su muy buena tajada. Tanto así, que aunque fue postulado por Nueva Alianza, un partido inexistente en Veracruz y más aún en el distrito de San Andrés Tuxtla, prácticamente arrasó en la elección.
Y lo hizo porque derrochó dinero de forma descarada, insultante, rebasando en 150 por ciento los topes de gastos de campaña, como lo señaló el mismo Instituto Nacional Electoral. Empero, esto no fue suficiente para que los tribunales echaran abajo la elección, con todo y que es una causal de nulidad, bajo el “argumento” de que la diferencia de votos fue tanta, que no procedía la anulación, cuando precisamente fue tal la diferencia gracias al descomunal derroche de recursos. Falacias de la “justicia” y el “derecho” electoral, con un gran tufo a corrupción.
Ambos, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez serán los representantes del duartismo en la LXIV Legislatura, y aunque estarán reducidos a su mínima expresión al pasar a ser minoría en el Congreso, al menos por lo que a ellos toca, el fuero que obtendrán los librará de enfrentar cualquier proceso penal, al menos en el corto plazo.
Y quienes lograrán lo mismo, pero por la vía del amparo, son los ex secretarios de Finanzas Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Carlos Aguirre Morales, y del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, luego de que el juez segundo de Distrito con sede en Xalapa, Alejandro Quijano, les concediera la suspensión provisional para evitar ser detenidos por alguno de los más de cien jueces federales y estatales que hay en Veracruz, por lo que les resulte de las 48 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte por peculado con recursos federales.
Para los cómplices, impunidad. Para el resto, la brutal injusticia de siempre.
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