Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián firmaban su “convenio” para establecer un sistema de “alerta temprana” para “protección” de periodistas en riesgo en Veracruz, la realidad de lo que ocurre en la entidad mostraba, una vez más, su cara sin maquillaje.
El Juez Tercero de Distrito concedió un amparo en favor de Martín López Meneses, ex chofer de Omar Cruz, alcalde desaforado de Medellín de Bravo, y quien llevaba diez meses preso en el penal Duport Ostión de la ciudad de Coatzacoalcos acusado de participar en el secuestro y asesinato del periodista comunitario Moisés Sánchez Cerezo.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado, Martín López Meneses recibió la instrucción del presidente municipal panista para contratar a un sicario que privara de la vida a Sánchez Cerezo, quien era un severo crítico del edil de Medellín.
Pero para el Juez de Distrito, el Ministerio Público local no aportó las pruebas suficientes para sustentar su caso en contra de López Meneses, quien este jueves 5 de noviembre recibió la protección de la justicia federal y fue puesto en libertad por falta de elementos.
“Fue una injusticia, temo por mi vida. Le damos gracias a Dios que estamos afuera, quiero recuperar mi vida con mi familia, porque fueron diez largos meses que fueron un tormento. Yo nada más sé que soy inocente, igual que mis otros compañeros”, afirmó López Meneses una vez recuperada su libertad.
El abogado de Martín López Meneses, Sergio Vaca Betancourt, quien también lleva la defensa del alcalde desaforado y actualmente prófugo de la justicia Omar Cruz, ya había adelantado la decisión del juzgado. Y ahora espera que suceda lo mismo en el caso del ex munícipe, lo que echaría por tierra prácticamente todo el proceso iniciado por la Fiscalía.
Ya en este momento sólo queda en prisión un indiciado, el presunto autor material del crimen Clemente Noé Rodríguez Martínez, y nada de extrañar sería que en algún momento también sea liberado.
Y es precisamente ahí donde radica en buena medida la tragedia que ha vivido el periodismo durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Antes como Procuraduría y ahora como Fiscalía General del Estado, la autoridad ministerial o ha sido incapaz de integrar y sustentar de forma mínimamente aceptable sus acusaciones contra los agresores de reporteros, o de plano se ha dedicado a fabricar chivos expiatorios para cerrar lo más rápido posible los casos de homicidios contra comunicadores, más aún cuando claramente han habido miembros de la clase política sospechosos de su autoría. Sea cual fuere la razón, es deleznable.
Es un acto de corrupción pavoroso.
A esto hay que sumar que desde el Gobierno Federal tampoco ha existido una postura enérgica y contundente que condene la violencia que cercena la libertad de expresión en Veracruz. Su posición ha sido, amén de huidiza, condescendiente con el gobierno de Veracruz.
Para no ir muy lejos, en este mismo caso, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), rechazó atraer la investigación del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, pues decidió, unilateralmente, que éste no era periodista, sino solamente un taxista que escribía cosas en Internet.
Ante esto, no hay mecanismo de protección, alerta temprana o tardía que valga. Lo único que prevalece en Veracruz desde hace varios años, y no se ve que vaya a cambiar, es la misma repugnante impunidad.
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