La mañana de este lunes 21 de septiembre, durante su conferencia de prensa de inicio de semana, el gobernador Javier Duarte de Ochoa negó categóricamente que su administración mantenga algún contrato vigente con el consorcio industrial brasileño Odebrecht o alguna de sus filiales.
El único proyecto en el que el mandatario veracruzano admitió que participa su gobierno junto con la empresa carioca es en Etileno XXI, en el sur del estado, donde tienen una Asociación Público-Privada para desarrollar un complejo industrial de proporciones que tocan la megalomanía.
Esto para responder a los señalamientos acerca de la solicitud para afectar las participaciones federales como fuente alterna de pago o como garantía de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado que el gobernador presentó el viernes pasado ante el Congreso del Estado.
En la anterior entrega de esta columna, mencionamos que dicha solicitud tiene como objetivo cubrir los compromisos hechos desde 2013 con Odebrecht, con la que signó una sociedad para financiar otra Asociación Público-Privada que dotara de servicios para abastecimiento de energía eléctrica y de agua potable.
Dicha asociación lleva por nombre Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa S.AP.I. de C.V. Y como el propio gobernador Duarte de Ochoa mencionó, tenía como uno de sus propósitos la construcción de una presa en el río Los Pescados, en el municipio de Jalcomulco, proyecto que fue frustrado por la Comisión Nacional del Agua, que no autorizó la obra por la afectación que representaría para las comunidades de la zona.
Sin embargo, el contrato sí existió. En la Rúbrica de este lunes, se indica que el 19 de abril de 2013 se suscribió un Acuerdo de Accionistas entre Odebrecht Participações e Investimentos S.A., y el Gobierno del Estado de Veracruz para constituir la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que además obligaba a la administración estatal a la suscripción y pago de un aumento de capital social hasta por la cantidad de 355 millones 795 mil 600 pesos, de acuerdo con la iniciativa presentada por el mismo Javier Duarte al Congreso local el 30 de julio de ese mismo año, misma que puede ser consultada en la página Web www.legisver.gob.mx.
Aceptando sin conceder que la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa hubiese desaparecido al truncarse el proyecto de la presa, ¿qué pasó con los 355 millones 795 mil 600 pesos que el Gobierno de Veracruz debió aportar a la sociedad? ¿Al frustrarse la obra, a quién se penalizó por incumplir el contrato, quién salió perdiendo? La empresa, seguro que no.
Pero hay un elemento adicional. El 1 de marzo de 2013, el Ejecutivo estatal, mediante el oficio número 75/2013, solicitó autorización para la ejecución del proyecto de propósitos múltiples Xalapa, para realizar las afectaciones requeridas para cubrir las obligaciones de pago por parte de la Comisión de Aguas del Estado, e iniciar el procedimiento de contratación de la sociedad por un periodo de “25 años de prestación de servicios”, según consta en la versión estenográfica de la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del 4 de marzo de ese año.
Este contrato obtuvo carácter oficial y legal el 18 de marzo de ese mismo año, al publicarse en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto 824 que en su artículo cuarto “autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (…) a formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios que integra el expediente por un plazo de operación de 25 años” con la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que como su mismo nombre lo indica, debió tener más proyectos por desarrollar que la presa del río Los Pescados, que de haberse concretado, no hubiera tardado cinco lustros en construirse.
Hay una pista de qué otros proyectos podrían haberse autorizado a la empresa filial de Odebrecht. El mismo 1 de marzo de 2013, bajo el oficio número 77/2013, Javier Duarte solicitó autorización para celebrar un contrato de prestación de servicios integrales, energía eléctrica y parque eólico para el auto abastecimiento de energía eléctrica “por un plazo de 20 años” y que presumiblemente sigue vigente.
Si como dice Javier Duarte, todos los contratos se vinieron abajo, eso debió tener un costo millonario para la administración estatal y por ende para el erario público. Pero si no, alguien está haciendo negocios a costa del dinero de los veracruzanos, y pretende ocultarlo.
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