Mi solidaridad con Maryjose Gamboa
Por Aurelio Contreras Moreno
El multicitado caso de los “juniors” que presuntamente violaron a una jovencita menor de edad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, es apenas una pequeña muestra de cómo en el estado quien cuenta con dinero e influencias políticas rara vez es castigado si comete un delito, aunque sea uno tan monstruoso como el ultraje de una mujer.
Los llamados “Porkys de Costa de Oro” son el mejor ejemplo de la vileza camuflada, aunque no oculta, en el oropel de familias supuestamente “bien” que con tal de guardar las apariencias no les importa solapar delitos y mantener una estela de impunidad que, como consecuencia, provoca más y más y más delitos.
Los “Porkys de Costa de Oro” están implicados al menos en el homicidio imprudencial de un ciclista hace tres años e incluso se les relaciona con el secuestro y homicidio de Columba Campillo, otra joven perteneciente a la clase pudiente del puerto de Veracruz secuestrada, vejada y asesinada hace casi un año.
La fabricación de culpables y chivos expiatorios en la justicia veracruzana no es algo nuevo. Así como tampoco la brutal impunidad que impera en todos los ámbitos. Las mismas respuestas del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras a los cuestionamientos sobre el caso y la presunta protección que se da a los “Porkys” son de antología, fiel reflejo de que la ley está al servicio del mejor postor, de quien puede pagar porque ésta sea torcida en su favor.
A pesar de que los jóvenes aceptaron en un video su falta, a pesar de existir audios que evidencian que sus padres buscaron protegerlos y negociar con el padre de la muchacha ultrajada para evitar el “escándalo”, para el Fiscal nada de eso hace prueba de nada.
Y cómo podría hacerlo, si las familias de estos jóvenes tienen nexos con la clase política. El padre de uno ellos, Felipe Capitaine, fue alcalde de Nautla, y colaborador cercano del secretario de Gobierno duartista Flavino Ríos Alvarado desde el sexenio de Dante Delgado, así como amigo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, al grado que la defensa jurídica de los “Porkys” la llevan abogados cercanos al régimen.
La asociación civil Causa en Común, que encabeza María Elena Morera, publicó un desplegado dirigido al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su fiscal en el que le reclama que “hemos visto como se revictimiza a nuestras hijas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, sin que las autoridades cumplan con su obligación de investigar y fincar responsabilidades legales para proteger debidamente a las víctimas, en este caso Daphne, una adolescente de 17 años (que) fue atacada por cuatro jóvenes, Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso en Boca del Río, Veracruz. Sus padres los encubrieron y la autoridad, pese a contar con evidencias de esa conducta delictiva, ha dejado hasta la fecha impune el delito, permitiendo que el daño creciera”.
Fiel a su costumbre, Javier Duarte se lavó las manos; apeló a la “autonomía” legal de la Fiscalía para atender el caso “soslayando presiones de carácter político electoral” y todavía “regañó” a los firmantes del desplegado, señalando que es “irresponsable opinar de éste o de cualquier otro caso sin conocer el expediente”.
La Porky-política en pleno.
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