Por Aurelio Contreras Moreno
El que un gobierno como el de Javier Duarte de Ochoa, que no puede garantizar la integridad física, la seguridad ni el patrimonio de ninguno de los ciudadanos del estado de Veracruz, legisle para proteger el “derecho a la vida desde la concepción”, suena como a una tétrica broma o a un desplante de cinismo colosal.
Pero que lo haga de manera “fast track”, en medio de la más grande crisis de seguridad por la que ha atravesado este gobierno –lo que ya es mucho decir–, sólo refleja la desesperación que tienen por librarse de la presión y los señalamientos de la opinión pública sobre su ineptitud para llevar las riendas de la administración estatal y, de paso, granjearse la simpatía de los sectores ultraconservadores ligados a la Iglesia Católica.
No bien terminaba de pronunciarse la Arquidiócesis de Xalapa en favor de remover de su cargo al secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita tras la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a manos de la policía estatal, el descubrimiento de cadáveres regados en diferentes zonas de la entidad y los sucesos de violencia ligados a la política, cuando de la nada, apareció en el Congreso del Estado una iniciativa del Ejecutivo para reformar el artículo 4 de la Constitución local y con ello abrir la puerta a la penalización de la interrupción del embarazo.
La iniciativa establece que “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes”.
Dicha enmienda fue solicitada por Javier Duarte al Congreso como de “urgente y obvia resolución”, por lo cual ni siquiera fue turnada a comisiones y mucho menos analizada en sus pros y contras. Se sometió de inmediato a consideración del Pleno, que la aprobó por mayoría de votos, incluidos los de la derecha panista y los de varias mujeres priistas, con honrosas excepciones, como fue el caso de Mónica Robles.
Tras el albazo legislativo, grupos feministas y de defensa de derechos civiles condenaron la iniciativa de Duarte de Ochoa, a la que calificaron como un retroceso y una violación al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, al tiempo de criminalizarlas y orillarlas a la clandestinidad, con consecuencias que llegan a ser funestas sobre todo para las mujeres pobres y de zonas marginadas.
Más allá de consideraciones morales y/o religiosas, el tema del aborto entraña un problema de salud pública. De acuerdo con registros del Observatorio de Mortalidad Materna, en 2014 Veracruz ocupó el segundo lugar a nivel nacional en muertes maternas. Y entre 2000 y 2008, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, murieron en el estado 62 mujeres por abortos mal practicados, colocando a la entidad en el cuarto lugar nacional en defunciones por esta causa.
Mientras intenta lavar sus culpas en agua bendita, Javier Duarte de Ochoa se niega a acatar las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación para emitir una alerta de violencia de género en Veracruz ante el alto índice de feminicidios, 109 registrados entre 2014 y 2015 según cifras de la Fiscalía General del Estado. Aunque el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana tenía contabilizados 93 tan sólo en los diez primeros meses del año pasado.
La iniciativa de reforma constitucional aún tiene que ser ratificada por el Congreso estatal en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comienza en mayo, en plenas campañas electorales, y de ser así, ser aprobada por la mayoría de los cabildos de los ayuntamientos del estado. Entre tanto, para el gobierno estatal es oxígeno puro desviar la discusión hacia ese tema.
En casi seis años, Javier Duarte no ha hecho nada para proteger la vida de los veracruzanos. Ahora quiere garantizarla desde la fecundación, aunque le tiene sin cuidado si ésta acaba en una fosa clandestina.
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