Por Aurelio Contreras Moreno
Por segunda semana consecutiva, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, publicó un desplegado en medios nacionales y locales en el que pide la intervención en Veracruz del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Yunes Linares se vuelve a quejar de las maniobras jurídicas emprendidas por el todavía gobernador constitucional Javier Duarte de Ochoa para “blindarse” de la acción de la justicia una vez que entregue el poder, así como para dinamitar financieramente a la próxima administración.
Sobre el segundo punto, refirió las recientes iniciativas enviadas a la LXIII Legislatura del Estado para conceder la basificación a todos los trabajadores del gobierno estatal, así como para comprometer la recaudación del impuesto de tres por ciento a la nómina para el pago de adeudos de la actual administración con proveedores.
Según las estimaciones del gobernador electo, la basificación de la burocracia estatal -aviadores incluidos- le representará a la próxima administración una carga presupuestaria de mil 500 millones de pesos adicionales, destinados únicamente al pago de nómina.
No sólo eso. La intención de Javier Duarte con esta medida es impedirle al siguiente gobierno la contratación de personal, por lo cual tendría que operar con el “enemigo” dentro, cuya lealtad e intereses estarían en otro lado.
Y para terminar de aniquilar financieramente a la siguiente administración, Javier Duarte envió otra iniciativa con proyecto de decreto para crear dos fideicomisos irrevocables a través de los cuales se transfiera la totalidad de los recursos de la recaudación del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el impuesto a la nómina, para el “pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas”.
De acuerdo con información de la Cuenta Pública del Gobierno de Veracruz de 2014, el pasivo circulante a corto plazo registra un saldo de tres mil 400 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, de esa cantidad, sólo se reconocen mil 600 millones de pesos como adeudo a proveedores y contratistas de la administración estatal.
La recaudación esperada del impuesto de tres por ciento a la nómina es de unos tres mil 200 millones de pesos. Entonces, lo que queda en evidencia, en primer término, es que no habría razón para etiquetar la totalidad de la recaudación de ese gravamen para el pago a proveedores a corto plazo, pues prácticamente duplica el monto de lo que se reconoce como adeudo.
La finalidad de Javier Duarte es, además de cargarle a la siguiente administración el pago de los adeudos de su gobierno, impedirle que pueda disponer de recursos para el fin original para el que fue creado este impuesto, que es primordialmente la construcción obra pública. Le “congela” el dinero y lo ata de manos, por decirlo en términos llanos.
Con una perversidad infinita, Javier Duarte no sólo busca cubrir su salida del gobierno para evitar responder ante la ley por los más que evidentes actos de corrupción cometidos en este sexenio. También está dispuesto a pulverizar las de por sí maltrechas finanzas estatales, con tal de boicotear a la siguiente administración, con enorme perjuicio no para Miguel Ángel Yunes, sino para la población de Veracruz.
Por eso el gobernador electo pide al Presidente de México una decisión política que detenga a un gobernador en funciones que continúa abusando del poder, promoviendo decisiones que trascienden su periodo constitucional de gobierno -lo cual fue calificado como falto de ética por la propia dirigencia nacional del PRI- y que causarán todavía un mayor daño a la entidad por la mezquindad con que han sido trazadas.
Pero en Los Pinos padecen de autismo político crónico.
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