Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“El hombre superior siempre se culpa a sí mismo, el hombre inferior siempre culpa a los demás”. – Bernard.
En Veracruz, los problemas rara vez estallan de la noche a la mañana. Se incuban lentamente, a la vista de todos, mientras la burocracia apuesta al desgaste del tiempo y a la resignación de quienes, paradójicamente, sostienen los servicios más sensibles del Estado. El conflicto por el pago del bono —o previsión social— a los trabajadores del Sector Salud es un ejemplo claro de ello.
Durante semanas, desde diciembre de 2025, personal médico, de enfermería y administrativo advirtió retrasos, opacidad y falta de respuestas. No fueron rumores ni malentendidos: fueron alertas reiteradas que encontraron como eco el silencio institucional. Apenas este martes, ya con protestas encima y la presión mediática en ascenso, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, salió a admitir lo que era evidente: hubo fallas, hubo desatención y hubo retrasos que nunca debieron ocurrir.
La explicación oficial llegó tarde, pero llegó. Reyes Hernández precisó que no se trató de un incumplimiento del aguinaldo —pagado, dijo, en tiempo y forma—, sino de la prestación conocida como previsión social, la cual, conforme a la Ley y al contrato colectivo, debe entregarse en especie mediante vales de despensa. El intento por convertir ese beneficio en efectivo, como ocurrió en otros años, fue descartado debido a un impacto fiscal de aproximadamente 40 millones de pesos por concepto de ISR.
La aclaración técnica puede ser correcta; el problema es político y administrativo. Si el Gobierno sabía desde un inicio que la Ley limitaba el mecanismo de pago, ¿por qué no se informó con claridad y oportunidad a los trabajadores? ¿Por qué se permitió que creciera la expectativa, el enojo y, finalmente, la protesta?
La solución —habilitar el retiro sin tarjeta mediante un proceso bancario especial— fue eficaz, pero reactiva. Requirió devolver tarjetas, conciliar saldos, registrar personal en nuevos sistemas y generar claves de seguridad, todo ello bajo presión. Más del 90 por ciento de los 17 mil 715 trabajadores optó por esta vía, lo que confirma que la demanda no era caprichosa, sino una necesidad real y generalizada.
El propio titular de SEFIPLAN reconoció que el cuello de botella estuvo en el retraso del registro administrativo. Dicho de otra forma: el problema no fue financiero, fue de gestión. Y ahí es donde el Gobierno del Estado queda mal parado.
Porque no se trata solo de pagar, sino de prever. No se trata de disculparse, sino de escuchar a tiempo. Y no se trata de apagar incendios, sino de evitar que se prendan.

En este contexto, es innegable que la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García fue determinante para destrabar el conflicto. Su presión política y su exigencia de resultados permitieron que el pago se regularizara y que la crisis no escalara a mayores consecuencias. Ese liderazgo correctivo merece ser reconocido, sobre todo en un gobierno donde no todos los engranes parecen girar al mismo ritmo.
Sin embargo, la factura política no será gratuita. En los pasillos del Sector Salud ya se da por descontado que habrá ajustes. El actual secretario de Salud, Valentín Herrera, y su equipo administrativo aparecen como los principales responsables de una cadena de omisiones que dejó mal parado al gobierno y vulneró la confianza de miles de trabajadores. Sus días al frente de la dependencia, dicen, podrían estar contados.
El episodio deja una lección clara: en Veracruz, la legalidad sin comunicación es insuficiente, y la administración sin sensibilidad es combustible social. Resolver el problema fue lo mínimo indispensable. Evitar que vuelva a ocurrir será la verdadera prueba de gobierno.
Al tiempo.
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